Q100 millones para Sacatepéquez: Diputados buscan reconstrucción rápida tras secuencia sísmica

Propuesta busca atender daños sin necesidad de estado de calamidad

Tras la serie de sismos que ha sacudido al departamento de Sacatepéquez desde el pasado 8 de julio, un grupo de diputados del Congreso de la República ha presentado una iniciativa de ley que busca destinar Q100 millones para atender con urgencia las necesidades más apremiantes de los municipios afectados.

La propuesta fue encabezada por el diputado Marco Pérez y respaldada por otros miembros del bloque Vamos. En ella, se contempla modificar el Presupuesto General de la Nación para habilitar un fondo especial de emergencia que sería ejecutado por la Mancomunidad de los Municipios del Departamento de Sacatepéquez (Mancomusac), sin requerir una declaratoria oficial de emergencia.

Según los impulsores de la ley, los recursos provendrían de los saldos de caja del Estado, que actualmente superan los Q21 mil millones. El fondo tendría un plazo de 100 días para ser ejecutado y, en caso de no ser utilizado en su totalidad, el dinero sobrante deberá ser devuelto a la cuenta única del Tesoro Nacional en un lapso máximo de diez días.

Municipios priorizados y daños registrados

El alcalde de Sumpango y presidente de la Mancomusac, Carlos Enrique Cubur, subrayó la gravedad de la situación en municipios como Santa María de Jesús, Antigua Guatemala, San Lucas Sacatepéquez, Santo Domingo Xenacoj, San Juan Alotenango y Magdalena Milpas Altas, donde los daños han afectado servicios esenciales como el agua potable, la energía eléctrica, caminos rurales y centros educativos. Fuente: Via Twitter

Cubur recalcó que la falta de un estado de calamidad ha complicado la respuesta institucional, alargando los tiempos administrativos para la asignación de recursos. “Hemos visto el colapso de sistemas básicos y una necesidad urgente de reconstrucción que no puede esperar”, declaró.

Urge respuesta inmediata para Sacatepéquez

La propuesta contempla el restablecimiento de servicios básicos, rehabilitación de infraestructura vial, reparación de escuelas, centros de salud y la limpieza de rutas. Según los diputados proponentes, se trata de un mecanismo transparente, donde los alcaldes actuarán como ejecutores directos, asegurando que el dinero llegue rápidamente a las comunidades que más lo necesitan.

El llamado ahora es al Congreso y al Ejecutivo: aprobar y sancionar esta ley con urgencia nacional, para evitar que las comunidades afectadas continúen en abandono. La reconstrucción, dicen, no puede esperar más.