Investigan construcciones de lujo en cárceles: ¿Quién autorizó los permisos?

Sistema Penitenciario investiga lujosas construcciones en Mariscal Zavala tras años de silencio

Persisten los privilegios en cárceles para reos de alto perfil, mientras las autoridades anuncian controles

Tres años después de que se hiciera pública la existencia de edificaciones de lujo dentro de la cárcel de Mariscal Zavala, el Sistema Penitenciario de Guatemala vuelve a estar bajo escrutinio. A pesar de las revelaciones previas que mostraban viviendas con acabados de alto nivel, jardines privados, e incluso estructuras tipo condominio dentro del recinto carcelario, las autoridades aún no han esclarecido si estas obras fueron autorizadas por los canales correspondientes. Esta situación pone nuevamente en entredicho la equidad del sistema penitenciario nacional, al evidenciar la reproducción de privilegios económicos y sociales dentro de los centros de detención.

¿Qué reveló el reportaje “Mariscal VIP” y por qué sigue siendo relevante?

En el año 2022, un reportaje elaborado por Prensa Libre y Noticiero Guatevisión reveló la existencia de viviendas con características de lujo en Mariscal Zavala, ocupadas por privados de libertad de “alto perfil”. Estas construcciones no solo desafiaban el sentido común de lo que representa una cárcel, sino que además dejaban entrever una red de complicidad e inacción institucional. Lejos de condiciones de reclusión convencionales, algunos reos vivían en lo que podría describirse como pequeñas residencias, con acabados de porcelanato, paredes decoradas, muebles de calidad e incluso áreas verdes privadas.

Lo que más alarmó a la población fue que estas comodidades se encontraban dentro de un centro destinado principalmente a funcionarios acusados de corrupción, así como a personas vinculadas al narcotráfico y otros delitos de alto impacto. La investigación evidenció cómo los estratos sociales guatemaltecos parecían replicarse dentro del sistema carcelario, dando lugar a un modelo penitenciario desigual.

El nuevo director penitenciario promete acciones, pero aún no hay resultados

Durante una reciente citación en el Congreso de la República, Ludin Godínez, actual director del Sistema Penitenciario, admitió que la institución está investigando si estas construcciones contaban con permisos formales. Ante cuestionamientos del diputado Jairo Flores, quien mostró imágenes de materiales de construcción ingresando a centros carcelarios, Godínez reconoció que no se han encontrado documentos oficiales que autoricen dichas obras.

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El funcionario afirmó que se han implementado medidas de monitoreo y se han restringido los ingresos de materiales de construcción a todos los penales. Solo se permitirá el ingreso en casos estrictamente necesarios, previa autorización de la Subdirección de Planificación. También anunció la rotación de guardias y el establecimiento de horarios específicos para visitas y encomiendas, con el fin de evitar sobornos y el ingreso de objetos prohibidos.

Un sistema carcelario fragmentado según el poder adquisitivo del reo

El caso de Mariscal Zavala no es el único. El reportaje original también describía cómo se divide físicamente la prisión en al menos tres sectores, con marcadas diferencias entre cada uno. En el área conocida como “Aislados 1”, las celdas se asemejan a residencias privadas. Estas construcciones, aisladas del resto del penal, cuentan con fachadas blancas, iluminación decorativa, e incluso jardines bien cuidados. En este sector viven privados de libertad con capacidad económica para financiar construcciones y personal de servicio proveniente del área común.

Detrás de este vecindario se encuentra “Aislados 2”, una zona menos visible pero igualmente privilegiada. Allí, según la documentación periodística, vivía el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, en una vivienda de dos niveles. El área común, en cambio, presenta una realidad completamente opuesta. Las celdas improvisadas están hechas de vinil y plástico, sin barrotes, con condiciones precarias que reflejan la desigualdad estructural que permea todo el sistema penitenciario.

Pavoncito también registró construcciones ilegales en años anteriores

El fenómeno de los privilegios en prisión no se limita a Mariscal Zavala. En 2023, durante una requisa en la cárcel de Pavoncito, se descubrieron varios apartamentos de lujo, construidos por miembros de la mara Salvatrucha. Estas edificaciones también fueron demolidas por orden de las autoridades, pero su existencia pone en duda la capacidad de supervisión dentro de los centros carcelarios del país.

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Estas irregularidades, aunque eventualmente sancionadas, revelan una constante: la facilidad con la que los internos con recursos económicos acceden a beneficios que no están disponibles para la mayoría de la población penitenciaria. El problema no solo es logístico o administrativo, sino profundamente estructural.

¿Cuáles son las implicaciones legales y sociales de este modelo carcelario desigual?

La existencia de construcciones de lujo en cárceles guatemaltecas plantea serias preguntas sobre el principio de igualdad ante la ley. En teoría, todos los privados de libertad deberían cumplir su condena en condiciones similares, sin privilegios ni tratos diferenciados por razones económicas. Sin embargo, la realidad muestra un sistema dual, donde el dinero puede comprar comodidad, privacidad y hasta protección institucional.

Desde el punto de vista legal, permitir o tolerar edificaciones sin permisos dentro de un centro penal representa una omisión grave. Si se comprueba que hubo complicidad de funcionarios públicos o negligencia en la supervisión, podrían derivarse responsabilidades administrativas y penales.

El caso de Mariscal Zavala es una muestra clara de cómo las estructuras de poder y desigualdad social logran infiltrarse incluso en los espacios donde, en teoría, debería prevalecer la equidad y la justicia. Aunque el nuevo director del Sistema Penitenciario ha prometido investigaciones y controles más estrictos, los antecedentes generan escepticismo. La ciudadanía exige respuestas claras, acciones concretas y, sobre todo, un modelo penitenciario que no favorezca a quienes tienen poder económico o político. La cárcel no puede convertirse en un privilegio más para quienes ya lo han tenido todo fuera de ella.

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