Justicia de alto nivel: Caso Melissa Palacios irá a juzgado de Mayor Riesgo

Justicia de alto nivel Caso Melissa Palacios irá a juzgado de Mayor Riesgo
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Caso Melissa Palacios pasa a juzgado de Mayor Riesgo: un paso clave en la búsqueda de justicia

La Cámara Penal traslada el expediente a la capital ante indicios de asesinato premeditado

El caso de Melissa Palacios, joven asesinada en 2021 en Zacapa, ha dado un giro crucial luego de que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia resolviera trasladarlo a un juzgado de Mayor Riesgo en la Ciudad de Guatemala. La decisión, tomada tras una deliberación de tres horas, responde a una solicitud fundamentada por parte de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, que expuso nuevas líneas de investigación y señaló la existencia de elementos que refuerzan la hipótesis de asesinato con premeditación.

Esta resolución no solo cambia de escenario el proceso penal, sino que representa una luz de esperanza para la familia de Melissa, que desde hace cuatro años ha exigido que se aplique justicia con imparcialidad y sin interferencias. La madre de la víctima, Anabella Chacón, no pudo ocultar su emoción al conocer la decisión judicial y expresó con profunda convicción: “Sí se pudo. Gracias a Dios”.

Fiscalía y querellantes logran convencer a la Cámara Penal con nuevas evidencias

Caso Melissa Palacios pasa a juzgado de Mayor Riesgo un paso clave en la búsqueda de justicia

Durante la audiencia en la que se resolvió el cambio de judicatura, la Fiscalía presentó un conjunto de argumentos sólidos. En primer lugar, detallaron que la investigación ha revelado pruebas que apuntan a una planificación previa del crimen por parte de los acusados, María Fernanda Bonilla y Luis Marroquín. Según las pesquisas, hubo una coordinación deliberada para quitarle la vida a Melissa Palacios, lo que descarta la posibilidad de un hecho espontáneo o motivado por una emoción violenta.

Adicionalmente, el Instituto de la Víctima, que actúa como querellante y acompañamiento legal de la familia Palacios, advirtió sobre las amenazas, intimidaciones y un atentado sufrido por los familiares de Melissa. También se informó que en cada audiencia realizada hasta ahora, se han observado presencias armadas en las afueras de los juzgados, situación que pone en riesgo a todos los involucrados y justifica el cambio a un tribunal con mayores medidas de seguridad.

Estos factores fueron determinantes para que la Cámara Penal resolviera que el caso debe tratarse en el ámbito de la justicia de alto riesgo, con el objetivo de garantizar imparcialidad, protección y transparencia en todas las etapas del proceso.

El juzgado de Mayor Riesgo "C" asumirá el control del proceso penal

Con la resolución emitida, el Juzgado de Mayor Riesgo "C" será la nueva sede judicial que conocerá el expediente de este crimen. Aunque hasta hace unas semanas ese juzgado estaba a cargo de la jueza Silvia de León, se prevé que una nueva jueza o juez asuma la responsabilidad del caso.

Según el abogado Juan Carlos Aquil, representante del Instituto de la Víctima, el juzgado de Chiquimula cuenta con tres días hábiles para remitir el expediente completo al nuevo órgano jurisdiccional. Una vez en la capital, la defensa de los acusados tiene previsto solicitar que se lleve a cabo la audiencia de etapa intermedia, donde podrían buscar una aceptación de cargos. Sin embargo, los querellantes pedirán que antes se celebre una audiencia para reformular los delitos imputados y así restituir la figura del asesinato agravado en lugar de los cargos actuales.

Defensa anuncia apelación y denuncia vulneración del debido proceso

Por su parte, la defensa de María Fernanda Bonilla, representada por la abogada Victoria Gobern, afirmó que la decisión de la Cámara Penal no es definitiva y que presentarán una apelación. Gobern aseguró que no se está respetando el debido proceso, y cuestionó la forma en que se ha desarrollado la causa desde su origen.

Cabe recordar que en 2021, el juez de Primera Instancia Penal de Zacapa, José Maximino Morales González, modificó los delitos imputados al considerar que los mensajes de texto presentados por la Fiscalía no eran pruebas concluyentes, ya que se trataba de capturas de pantalla incompletas que podían sacarse de contexto. A partir de esa premisa, cambió el delito de asesinato a homicidio en estado de emoción violenta y encubrimiento propio, decisión que generó fuerte rechazo por parte de la familia y organizaciones defensoras de derechos humanos.

El crimen que conmocionó a Zacapa: así fue el asesinato de Melissa Palacios

Melissa Palacios desapareció el 4 de julio de 2021 en el departamento de Zacapa. Un día después, su cuerpo fue localizado con señales evidentes de violencia física, lo que encendió las alarmas entre las autoridades y provocó indignación a nivel nacional. Pocos días después, fueron detenidos María Fernanda Bonilla y Luis Marroquín, quienes habrían sido las últimas personas en verla con vida.

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La investigación inicial del Ministerio Público incluyó mensajes de texto y audios que, según el expediente, demostrarían la intención deliberada de asesinarla. Uno de los mensajes atribuidos a María Fernanda decía: “Pero yo sí la voy a matar a puros pijazos”. A lo que Marroquín habría respondido: “Tráela para aka i la echamos (sic)”.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que la causa de muerte fue un trauma severo en la cabeza provocado por múltiples golpes, lo cual refuerza la hipótesis de un ataque planificado y brutal.

La búsqueda de justicia continúa: una oportunidad para hacer historia

El traslado del caso al Juzgado de Mayor Riesgo "C" marca un punto de inflexión en el largo camino por la justicia en el asesinato de Melissa Palacios. La familia espera que en este nuevo entorno judicial existan las condiciones necesarias para que los responsables respondan por sus actos conforme a la ley, sin interferencias externas ni presiones locales.

Para organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos, el caso se ha convertido en un emblema de lucha contra la impunidad en los crímenes de género, y el seguimiento a este proceso será clave para evaluar el compromiso del sistema judicial guatemalteco con las víctimas de violencia.

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