Juzgado quita bienes a Miguel Martínez valorados en mas de Q10 millones

Juzgado ordena la inmovilización de bienes vinculados a Miguel Martínez

Un Juzgado de Extinción de Dominio decretó este lunes la inmovilización de varios inmuebles relacionados con Miguel Martínez, exjefe del extinto Centro de Gobierno durante la administración de Alejandro Giammattei. Esta decisión responde a una solicitud planteada por el Ministerio Público (MP), como parte de una investigación que se mantiene bajo estricta reserva judicial.

Audiencia a puerta cerrada y con hermetismo procesal

La audiencia, celebrada el 12 de mayo, se llevó a cabo sin acceso a los medios de comunicación. El juez Jaime Delmar González, titular del juzgado, resolvió inmovilizar seis propiedades debido a que existen indicios que sugieren que podrían haber sido adquiridas mediante actividades ilícitas. Aunque el MP había solicitado acción sobre ocho inmuebles, el juzgador consideró que solo en seis casos se contaba con evidencia suficiente para aplicar medidas cautelares.

Bienes inmovilizados: parte de un entramado de presunta corrupción

Según lo indicado, las propiedades en cuestión están registradas a nombre de allegados a Martínez, incluidos amigos y familiares, lo que generó dudas sobre la legitimidad de su adquisición. El MP argumentó que los propietarios no cuentan con la capacidad económica comprobable para justificar dichos bienes, cuyo valor conjunto ronda los 10 millones de quetzales. Las propiedades fueron adquiridas entre 2020 y 2024, coincidiendo con el periodo presidencial de Giammattei.

Inmuebles no inmovilizados

Pese a la solicitud original, dos de los ocho inmuebles quedaron fuera de las medidas decretadas. El juez consideró que en estos casos no había elementos suficientes para presumir una adquisición anómala. No se han divulgado detalles específicos sobre la ubicación, dimensiones ni el valor exacto de las propiedades afectadas debido a la reserva del caso.

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Contexto legal y político del caso Miguel Martínez

Miguel Martínez ya había sido señalado a nivel internacional. En diciembre de 2023, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó bajo la Ley Global Magnitsky. Según el gobierno estadounidense, Martínez participó en redes de sobornos sistemáticos, muchos de ellos relacionados con contratos públicos. Esta acción lo inhabilita de facto del sistema financiero internacional, al ser considerado como parte de una estructura de corrupción que debilitó el Estado de Derecho en Guatemala.

Reacción del Ministerio Público

El MP se ha limitado a emitir declaraciones breves sobre el proceso, amparándose en la reserva legal estipulada por el artículo 19 de la Ley de Extinción de Dominio.

"No es posible compartir más detalles de este caso en este momento procesal", indicó la fiscalía en comunicados previos.

Perspectivas legales: ¿qué sigue en el proceso de extinción?

La inmovilización de bienes es una medida preliminar que impide su venta o transferencia, mientras se profundizan las investigaciones. Si en el curso del proceso se determina que fueron adquiridos con fondos de procedencia ilícita, podría decretarse su extinción y posterior transferencia al Estado. En caso contrario, los bienes serán restituidos a sus propietarios.

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Aunque Miguel Martínez no enfrenta cargos formales en este momento por parte del MP, el proceso de extinción de dominio podría constituir un precedente importante. Las medidas contra sus bienes podrían allanar el camino para futuras acciones penales si se comprueba su participación directa en esquemas de corrupción.

El caso de Miguel Martínez refleja la creciente presión nacional e internacional por combatir la corrupción estructural en Guatemala. La decisión del Juzgado de Extinción de Dominio de inmovilizar bienes vinculados al exfuncionario representa un paso relevante en los esfuerzos por fiscalizar el origen de fortunas acumuladas por figuras cercanas al poder.

A medida que se desarrollen nuevas audiencias y se revelen más detalles, la opinión pública y los observadores internacionales estarán atentos a la transparencia y efectividad del sistema judicial guatemalteco en este emblemático caso.

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