Así se calculó cuánto pagará Fernanda Bonilla por usar celular en prisión

Así se calculó cuánto pagará Fernanda Bonilla por usar celular en prisión
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Fernanda Bonilla Archila, actualmente privada de libertad en Guatemala, enfrenta un proceso judicial por el uso no autorizado de un teléfono celular dentro del centro de detención en Zacapa en 2022. Este acto, prohibido por la legislación guatemalteca, ha derivado en una acusación formal y la imposición de una reparación económica al Estado.

Fernanda Bonilla enfrentará sentencia por uso de celular en prisión y deberá pagar reparación al Estado

En enero de 2022, Bonilla realizó una publicación en redes sociales utilizando un dispositivo móvil desde el interior del centro penitenciario. Este hecho fue detectado por las autoridades, quienes procedieron a incautar el teléfono y a iniciar un proceso legal en su contra.

La Procuraduría General de la Nación (PGN), actuando como parte agraviada, solicitó una reparación económica al Estado por el uso indebido del dispositivo. El monto fue calculado en base al costo diario por privado de libertad, establecido en Q81.28, y al número de días que Bonilla estuvo en prisión antes de la incautación del celular, resultando en una suma total de Q12,273.28.

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El uso de dispositivos electrónicos en centros penitenciarios está tipificado como delito en la Ley contra el Crimen Organizado de Guatemala, con penas que oscilan entre seis y diez años de prisión. Sin embargo, Bonilla optó por la figura de aceptación de cargos, lo que podría resultar en una reducción de la pena.

La sentencia definitiva será dictada el 25 de abril, fecha en la que Bonilla deberá presentarse nuevamente ante el juez. Además de la posible condena de prisión, deberá pagar la reparación económica en un plazo de tres días hábiles contados a partir del 14 de abril, fecha en que se dictó la resolución.

Paralelamente, Bonilla enfrenta otro proceso judicial por el asesinato de Melisa Palacios, ocurrido en 2021. El Instituto de la Víctima ha solicitado que este caso sea conocido por un Juzgado de Mayor Riesgo en la Ciudad de Guatemala, argumentando la existencia de peligros procesales y tensiones locales que podrían comprometer la imparcialidad del juicio. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ha rechazado en dos ocasiones dicha petición, al considerar que la tipificación penal actual no justifica el traslado a esa jurisdicción especializada.

Ante la falta de avances en el proceso judicial por el asesinato de Melisa Palacios, familiares y amigos de la víctima han convocado a una marcha ciudadana para exigir justicia y el traslado del caso a un tribunal con mayores garantías procesales. La manifestación se llevará a cabo el sábado 4 de mayo, iniciando en la Plaza El Obelisco y finalizando frente a la Corte Suprema de Justicia. Los organizadores han solicitado a los asistentes vestir de morado como símbolo de apoyo a la víctima y a la exigencia de un juicio justo.

El caso de Fernanda Bonilla Archila pone de manifiesto la importancia de respetar las normativas dentro de los centros penitenciarios y las implicaciones legales que conlleva su incumplimiento. Asimismo, destaca la necesidad de garantizar procesos judiciales transparentes y justos, especialmente en casos de alta sensibilidad social.

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