Un año del aumento salarial que marcó al Congreso

El incremento que desató rechazo nacional

Este 26 de noviembre se cumple un año desde que el Congreso aprobó, en una sesión nocturna, el aumento que elevó el salario mensual de los diputados a Q66,300. La decisión, respaldada por 88 congresistas, equiparó sus ingresos a los de un magistrado de Apelaciones y generó una de las mayores polémicas de la legislatura.

Una votación acelerada y con cambios de última hora

El ajuste quedó incluido en el Acuerdo 31-2024, aprobado durante la discusión del presupuesto interno del Legislativo, valorado en Q1,464.6 millones. La enmienda que contenía el aumento se presentó minutos antes de la votación final y fue avalada sin mayor debate. Aunque muchos diputados firmaron la propuesta, varios evitaron que sus nombres quedaran claramente visibles.

Más de Q722 millones para servicios personales

El presupuesto contempló una asignación amplia para salarios, dietas, bonos y beneficios. Además de los diputados, más de 1,150 trabajadores del Congreso recibieron incrementos vinculados al pacto colectivo, lo que elevó aún más el gasto en remuneraciones.

Fondos adicionales que levantaron cuestionamientos

La inclusión de Q247 millones para “gastos institucionales” generó dudas sobre su destino. En ese momento, el presidente del Congreso, Nery Ramos, afirmó que esos recursos correspondían a “ahorros institucionales” destinados a futuras adquisiciones, incluida la posibilidad de comprar un edificio. Organizaciones civiles señalaron falta de claridad en su uso.

Impugnaciones sin resultado en la Corte de Constitucionalidad

Acción Ciudadana y diputados de diferentes bancadas presentaron amparos contra el aumento. Ninguno prosperó. La Corte de Constitucionalidad rechazó las acciones por errores de forma o por no identificar con precisión el acto administrativo impugnado. Uno de los votos razonados, emitido por la magistrada Leyla Lemus, cuestionó el procedimiento seguido para aprobar el incremento.

Promesas de reversión que nunca se concretaron

Aunque algunos legisladores aseguraron que buscarían anular el aumento, no se presentó una iniciativa efectiva para revertirlo. La única reducción temporal fue resultado de decisiones administrativas internas, no de un fallo judicial. Con la aprobación del Presupuesto General 2026, el incremento quedó completamente consolidado.

Una decisión que dejó huella

Analistas como Renzo Rosal calificaron el aumento como un acto de autoritarismo legislativo y como una decisión histórica por la manera en que se ejecutó. Un año después, el tema permanece en el debate público debido a la distancia entre las prioridades nacionales y las decisiones tomadas por el Congreso.

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