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Samuel Pérez acusa “justicia selectiva” y apunta a Curruchiche

Samuel Pérez acusa “justicia selectiva” y apunta a Curruchiche

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El señalamiento: críticas a la FECI y pedido de cuentas desde el Congreso

El diputado Samuel Pérez volvió a confrontar públicamente al jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, al acusarlo de aplicar “justicia selectiva” y plantear que se discuta su permanencia en el cargo. El mensaje circuló en publicaciones difundidas en redes sociales el 2 de enero de 2026 y reactivó el choque político alrededor del Ministerio Público.

Aunque el Congreso no puede remover directamente a un fiscal de sección, el planteamiento abre la ruta del control político: citaciones, requerimientos de información y presión pública sobre criterios de priorización de casos, especialmente en expedientes con implicaciones políticas.

El contexto: una confrontación que viene de años

La tensión entre Semilla y la FECI no es nueva. En 2023 ya se reportaban llamados de Pérez a la renuncia de Curruchiche, en el marco de investigaciones contra el partido oficialista. En 2024, diputados presentaron una querella contra Curruchiche por presuntos delitos como abuso de autoridad y denegación de justicia. En 2025, el propio Pérez anunció acciones legales contra fiscales del MP por supuestos bloqueos a un nuevo proyecto político vinculado a su entorno.

Ese historial explica por qué la acusación de “selectividad” se lee como parte de un conflicto más amplio: quién define las prioridades de persecución penal y con qué controles.

Qué se podría medir para salir del debate de consignas

Si el tema pasa del discurso a una discusión institucional, el punto clave será evidenciar patrones verificables:

  • criterios escritos de priorización de casos y su aplicación real
  • tiempos de avance y decisiones procesales en expedientes comparables
  • fundamentos para archivar, desestimar o acelerar investigaciones
  • rendición de cuentas sobre resultados, no solo anuncios

¿Este nuevo choque abre una fiscalización efectiva sobre cómo se decide qué casos avanzan y cuáles no, o se quedará en otra pulseada política sin consecuencias concretas?

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