Red de trata llevó adolescentes a prisiones y el caso entra a fase clave en febrero

El MP sostiene que hubo reclutamiento con engaños, pagos y apoyo interno para permitir ingresos

El Ministerio Público sostiene que una estructura criminal captaba adolescentes mediante engaños para ingresarlas a Fraijanes 2 y al Centro Preventivo para Varones de la zona 18, donde eran explotadas sexualmente por privados de libertad. La investigación atribuye a la red un funcionamiento de varios años y pagos a reclutadores por cada menor trasladada.

La Fiscalía documentó montos de entre Q1,000 y Q1,500 por víctima, además de coordinación logística con pilotos vinculados al entorno de un pandillero identificado como “Mango” u “Only”, y el uso de documentación alterada para facilitar accesos. El caso incluye señalamientos contra personal del Sistema Penitenciario por presunta complicidad.

Captura, imputaciones y la audiencia del 27 de febrero

La sindicada principal es Alis María Montenegro Ibáñez, detenida el 20 de noviembre de 2024 en el Aeropuerto Internacional La Aurora, según reportes oficiales y periodísticos. Fue ligada a proceso por trata de personas en modalidad de explotación sexual y reclutamiento de menores para grupos delictivos organizados.

Para el 27 de febrero de 2026 está programada una audiencia en la que su defensa buscará modificar delitos para optar a cargos menores, ante el juez Mario Efraín Najarro Quinteros.

Una red con ramificaciones y alertas sobre cómo operan estos reclutamientos

Las pesquisas se extendieron a Virginia como parte del seguimiento a la acusada, y la Policía Nacional Civil reportó que tenía residencias en Estados Unidos y en la capital. También se menciona a su pareja, Eder Lubanski Ojeda Valenzuela, señalado en análisis policial por coordinar delitos desde prisión y por cercanía con liderazgos del Barrio 18.

En paralelo, instituciones como la Procuraduría General de la Nación han advertido que la captación de menores ocurre también fuera del entorno escolar, incluyendo redes sociales y espacios recreativos, lo que vuelve más difícil detectar el reclutamiento a tiempo.

Si una estructura pudo sostener traslados, pagos, documentos y accesos a cárceles durante años, ¿qué controles concretos deben cambiar para impedir que el sistema penitenciario vuelva a funcionar como mercado criminal?