Proponen Ley para castigar con cárcel el cobro de “talacha” en centros penitenciarios

Proponen castigar penalmente el cobro de la “talacha” en cárceles guatemaltecas

El sistema penitenciario guatemalteco ha estado marcado por prácticas irregulares que afectan profundamente a las personas privadas de libertad y a sus familias. Una de las más comunes y denunciadas es el cobro de la llamada “talacha”, una forma de extorsión interna que, aunque conocida, no cuenta con una sanción penal específica.

Frente a esta realidad, el diputado Julio López, del partido Cabal, y Jonathan Mayorga, presidente de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, presentaron este mayo dos iniciativas de ley que buscan transformar la legislación penal guatemalteca e incluir esta práctica como delito autónomo.

La “talacha”: una extorsión encubierta que afecta a miles de reclusos

La “talacha” es una exigencia de pago que enfrentan los reclusos al ingresar a las cárceles, principalmente en centros como el Preventivo para Hombres de la zona 18. Según estimaciones citadas por Mayorga, en dicho centro ingresan entre 18 a 20 nuevos privados de libertad diariamente, y todos, sin excepción, son presionados a pagar montos que pueden alcanzar hasta Q3 mil como mínimo, solo por “derecho de ingreso”. Este dinero suele beneficiar a estructuras criminales que operan desde el interior de los centros penitenciarios con total impunidad.

La situación, además de representar un acto de coacción y abuso, pone en riesgo la integridad física, mental y emocional de los reos y de sus familiares, quienes a menudo se ven obligados a reunir cantidades considerables para evitar represalias.

Propuesta legislativa: penalizar directamente la “talacha”

Una de las principales propuestas impulsadas por Mayorga y el diputado López es la adición del artículo 214 Bis al Código Penal. Este nuevo tipo penal establece que cuando el delito de coacción se cometa dentro de un centro carcelario y tenga como objetivo extorsionar a una persona privada de libertad, el autor será sancionado con penas de prisión que van de dos a seis años.

El propósito es dotar al sistema de justicia de una herramienta legal específica y contundente para perseguir penalmente a quienes cobran la “talacha” o participan en estas estructuras. Esta iniciativa busca poner fin a una práctica que, aunque común, ha sido invisibilizada durante décadas y que ha perpetuado un entorno de violencia, corrupción y abuso dentro de las cárceles.

Tortura carcelaria: ampliar el enfoque del delito y garantizar derechos

Además de penalizar el cobro de la “talacha”, las iniciativas presentadas también buscan reformar la figura de tortura en la legislación guatemalteca, para alinearla con estándares internacionales. Jonathan Mayorga explicó que actualmente existen vacíos legales que impiden sancionar adecuadamente acciones que constituyen tortura o trato cruel e inhumano. Entre los cambios propuestos, se encuentra la inclusión de actos como linchamientos, castigos personales, y medidas de control excesivas dentro de los centros penitenciarios.

Impacto social y jurídico de las reformas propuestas

El diputado Julio López señaló que sancionar el cobro de la “talacha” representa mucho más que una reforma penal: significa debilitar una de las fuentes económicas más importantes de las estructuras criminales que operan desde las cárceles. Este dinero que se cobra a los internos no solo perpetúa el poder de estas redes, sino que también financia otras actividades ilícitas dentro y fuera de los penales.

Al incluir esta práctica como delito autónomo y establecer sanciones claras, se busca que el Ministerio Público y los jueces cuenten con herramientas jurídicas adecuadas para procesar estos delitos y proteger a las víctimas. “Se trata de romper un círculo de abuso sistemático que daña tanto a los internos como a sus familias”, agregó el legislador.

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Una oportunidad para transformar el sistema penitenciario guatemalteco

Ambas propuestas legislativas representan un esfuerzo conjunto entre el Congreso y la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura para cambiar una realidad que afecta diariamente a cientos de guatemaltecos. La aprobación de estas reformas permitiría no solo visibilizar una problemática histórica, sino también crear mecanismos efectivos de denuncia, protección y castigo.

> Mayorga insistió en que “no se puede seguir permitiendo que prácticas de extorsión, tortura o maltrato sigan operando dentro del sistema carcelario sin consecuencias. Es tiempo de asumir la responsabilidad como Estado y proteger a quienes, aun estando privados de libertad, conservan sus derechos fundamentales”.

En ese contexto, las reformas propuestas al Código Penal buscan establecer un nuevo enfoque basado en la dignidad humana, el respeto a los derechos y la erradicación de las redes de poder ilegítimo que se han establecido dentro de los centros de detención.

La posibilidad de castigar el cobro de la “talacha” como delito autónomo, así como modernizar la legislación sobre tortura, representa un paso significativo para enfrentar una de las mayores crisis del sistema penitenciario en Guatemala. Se trata de una propuesta que busca generar cambios estructurales, proteger a las víctimas, debilitar a las redes criminales y sentar las bases de un sistema más justo y humano.

Ahora queda en manos del Congreso de la República avanzar en la discusión y aprobación de estas reformas, con la responsabilidad de actuar a favor de quienes han sido silenciados por años dentro de las paredes del sistema carcelario.

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