
Presidente Bernardo Arévalo señala el castigo que tendrán los maestros que están haciendo bloqueos
Gobierno inicia procesos disciplinarios contra maestros que no imparten clases en Guatemala
El presidente Bernardo Arévalo anunció este 2 de junio el inicio formal de procesos disciplinarios en contra de docentes que han dejado de impartir clases en escuelas públicas, tras varios días de protesta por parte del magisterio nacional. Desde el pasado 26 de mayo, cientos de maestros han instalado un campamento en los alrededores de la Plaza de la Constitución como medida de presión para exigir un aumento salarial del 15 %.
En respuesta, el Gobierno central ha confirmado que desde el 1 de junio se aplicó de forma oficial un ajuste salarial del 5 % a todos los docentes del sistema público, como parte de los compromisos adquiridos en la negociación previa con las autoridades educativas. Sin embargo, ante la persistencia del paro y la ausencia de maestros en las aulas, el Ejecutivo ha decidido activar sanciones conforme a la ley vigente.
La protesta del magisterio y sus principales demandas

La protesta de los maestros tiene como eje central la solicitud de un incremento salarial del 15 %, argumentando que el aumento del costo de vida, el precio de los alimentos y la inflación han reducido considerablemente su poder adquisitivo. Además, denuncian atrasos en el pago de algunos incentivos y aseguran que en muchas escuelas aún hay carencias estructurales y falta de materiales pedagógicos, lo que dificulta el cumplimiento de su labor.
Desde hace más de una semana, el campamento magisterial se mantiene activo en el corazón de la Ciudad de Guatemala. En el lugar se han organizado asambleas, marchas, noches culturales y conferencias de prensa, mientras los líderes del movimiento exigen una mesa de diálogo directa con el presidente Arévalo. Sin embargo, el Gobierno ha insistido en que el espacio de negociación se mantiene en el Ministerio de Educación (MINEDUC), bajo los marcos legales establecidos.
Arévalo defiende el derecho a la educación y advierte medidas legales
En sus declaraciones del domingo, el presidente Bernardo Arévalo fue enfático al señalar que el derecho a la protesta no puede estar por encima del derecho a la educación de la niñez guatemalteca. El mandatario aseguró que cada maestro que no se presenta a impartir clases está provocando un daño directo al desarrollo académico de decenas de estudiantes.
“Si hay maestros que no están llegando a dar clases a sus escuelas, lo que está pasando es que se están levantando las actas correspondientes y se les correrá el proceso de rigor”, explicó. Aunque no brindó cifras exactas, Arévalo confirmó que ya se han iniciado acciones disciplinarias en distintos establecimientos educativos, y que pedirá un informe detallado a la ministra de Educación sobre el avance de estos procedimientos.
¿Qué implican las actas disciplinarias para los docentes?
El levantamiento de actas disciplinarias es el primer paso en un procedimiento legal que puede desembocar en diferentes tipos de sanciones, dependiendo de la gravedad de la falta y la reincidencia del trabajador. Según la normativa del Ministerio de Educación y la Ley de Servicio Civil, un maestro que abandone su puesto sin justificación puede enfrentar desde una amonestación escrita, hasta la suspensión o destitución de su cargo, si así lo determina el ente evaluador.
Estos procedimientos se realizan en cada centro educativo con la intervención de los directores departamentales y los supervisores educativos, quienes deben documentar la ausencia y notificar formalmente al Ministerio. Posteriormente, cada caso se analiza individualmente, garantizando el debido proceso administrativo y el derecho a la defensa del trabajador.
> El presidente @BArevalodeLeon aseguró que ya se inició el proceso disciplinario en contra de los maestros que no han impartido clases. El mandatario informó que desde el 1 de junio se aplicó el incremento salarial del 5% a los docentes. @Guatevision_tv @prensa_libre pic.twitter.com/q9tN4vbf6E— Leslie Sánchez (@lsanchez_gtv) June 2, 2025
División de opiniones entre padres de familia y organizaciones sociales
La situación ha generado división de opiniones entre padres de familia, organizaciones sociales y la población en general. Mientras algunos sectores entienden la necesidad del magisterio de mejorar sus condiciones salariales, otros cuestionan la metodología de protesta, especialmente cuando implica la suspensión prolongada de clases en cientos de escuelas del país.
“Es justo que los maestros pidan más salario, pero deberían hacerlo sin dejar a nuestros hijos sin clases”, expresó Miriam López, madre de familia de una escuela pública en Mixco. Por otro lado, representantes de colectivos docentes aseguran que el aumento del 5 % es insuficiente y que las condiciones laborales siguen siendo precarias en muchas regiones del interior del país.
¿Cómo continuará la negociación entre el Gobierno y el magisterio?
El Ministerio de Educación ha reiterado que mantiene abiertas las puertas del diálogo, siempre y cuando se respete la ley y se garantice el retorno inmediato a las aulas. En los próximos días, se espera que se realicen nuevas reuniones entre representantes del magisterio organizado y autoridades del Ejecutivo, con el objetivo de destrabar la situación y evitar que el conflicto escale aún más.
La clave para resolver este conflicto radica en encontrar un equilibrio entre los derechos laborales de los docentes y el derecho a la educación de la niñez guatemalteca, que no puede seguir siendo interrumpida por disputas administrativas.
El conflicto entre el Gobierno y los maestros pone de manifiesto los desafíos estructurales del sistema educativo en Guatemala. Si bien es legítimo que los docentes luchen por mejores condiciones salariales, la solución no puede pasar por dejar sin clases a miles de estudiantes, especialmente en un contexto donde los rezagos educativos han aumentado tras la pandemia.
El llamado es a un diálogo abierto, transparente y respetuoso, donde ambas partes escuchen y trabajen por un acuerdo justo. Al final, la verdadera prioridad debe ser garantizar una educación digna y continua para toda la niñez guatemalteca.
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