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Presidente Arévalo hace advertencia a los Maestros que no quieran trabajar

Presidente Arévalo hace advertencia a los Maestros que no quieran trabajar

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Presidente Arévalo advierte con sanciones legales a docentes que incumplan con sus labores

A pesar del llamado a paro, la mayoría del magisterio continuó sus actividades con normalidad

El presidente de la República de Guatemala, Bernardo Arévalo, emitió un mensaje contundente este lunes tras conocerse un llamado a paro docente que generó preocupación entre padres de familia, autoridades educativas y estudiantes. Aunque el paro fue convocado por ciertos sectores del magisterio, el mandatario aseguró que el 84 % de los docentes asistió con responsabilidad a sus centros educativos, garantizando así el derecho a la educación de miles de niños y jóvenes en todo el país.

El gobierno reconoce el compromiso de la mayoría del magisterio

Presidente Arévalo advierte con sanciones legales a docentes que incumplan con sus labores
Solo un 16 % de ausencias registradas durante el paro

Durante su pronunciamiento, el presidente Arévalo se mostró agradecido y satisfecho con el comportamiento del grueso del cuerpo docente, al que describió como “comprometido y con amor a la educación”. Esta respuesta mayoritaria demostró que, a pesar de la convocatoria de huelga, la educación pública no se detuvo en su totalidad, y que muchos educadores optaron por la vía de la responsabilidad profesional.

El informe gubernamental reportó que solamente el 16 % de los maestros del sistema educativo nacional se ausentaron de forma injustificada, un dato que el Ejecutivo considera relevante para evaluar el impacto real del paro y determinar las medidas a tomar en cada caso.

> #AhoraLH | El presidente Bernardo Arévalo mencionó en "La Ronda" que la puerta a la negociación con los maestros está abierta. "El Ministerio de Educación siempre tiene abierta la puerta a los maestros", dijo.📹: Daniel Ramírez/LH✍️: Diego Guzmán/LH pic.twitter.com/mEwEtc641g— Diario La Hora (@lahoragt) May 20, 2025

Arévalo reafirma que se cumplirá la ley, docentes que no trabajen serán sujetos a sanciones legales

Bernardo Arévalo fue claro en su mensaje: todo servidor público tiene obligaciones legales y quien incumpla con sus deberes será sancionado conforme al marco normativo vigente. El mandatario enfatizó que el derecho a la protesta no puede estar por encima del derecho a la educación, especialmente cuando se trata de menores que dependen del sistema público para su desarrollo académico y social.

Cumpliremos la ley”, dijo Arévalo sin titubeos. Esta declaración va dirigida particularmente a los docentes que no justificaron su ausencia o que respondieron a llamados de paro sin contar con los mecanismos legales adecuados. Las autoridades señalaron que ya se iniciaron las verificaciones administrativas para identificar a quienes no acudieron a sus labores, lo que podría derivar en procesos disciplinarios.

> ATENCIÓN | Arévalo advierte acciones legales contra maestros que no asistan a clases. ⌨La Voz de Xela pic.twitter.com/w8H8sz3o6y— La Voz de Xela (@lavozdexela) May 20, 2025

Educación como prioridad del gobierno, Garantizar clases es parte del compromiso presidencial

El gobierno de Arévalo ha reiterado desde el inicio de su gestión que la educación es uno de los pilares fundamentales de su administración. En ese contexto, el presidente ha insistido en la necesidad de fortalecer las condiciones laborales de los maestros, pero sin poner en riesgo el aprendizaje de los estudiantes.

A pesar de las tensiones con algunos sectores del magisterio, el Ejecutivo ha buscado canales de diálogo con los sindicatos y gremiales docentes, promoviendo una agenda de trabajo basada en la transparencia, la mejora de infraestructura escolar y el acceso equitativo a recursos pedagógicos.

¿Por qué algunos docentes convocaron al paro?

La convocatoria a paro surge en medio de una serie de demandas por parte de sectores del magisterio, quienes exigen mejoras salariales, estabilidad laboral, y cumplimiento de acuerdos previos firmados con gobiernos anteriores. Algunas organizaciones afirman que sus solicitudes no han sido atendidas con la celeridad esperada, lo que llevó a la movilización parcial de ciertos grupos.

Sin embargo, la falta de una postura unificada dentro del gremio docente generó un efecto disperso. La mayoría optó por continuar trabajando, lo que dejó en evidencia que no existía un consenso general para paralizar las actividades escolares.

En respuesta, el gobierno ha sostenido que las puertas están abiertas al diálogo, pero que cualquier medida debe estar dentro del marco de la ley y sin perjudicar a los estudiantes. Arévalo subrayó que la educación no puede ser usada como moneda de cambio ni como mecanismo de presión política.

Padres de familia respaldan acciones del Ejecutivo

En distintos puntos del país, asociaciones de padres de familia y líderes comunitarios se pronunciaron en respaldo a la decisión del gobierno de exigir el cumplimiento de las obligaciones laborales a los docentes. En entrevistas concedidas a medios locales, expresaron que la educación no debe ser interrumpida por razones políticas, y que cualquier reclamo debe canalizarse mediante los procedimientos correspondientes.

Los padres también solicitaron que se apliquen mecanismos de monitoreo constantes para garantizar que los estudiantes no pierdan clases por decisiones que no responden a sus intereses ni a los objetivos educativos nacionales.

La jornada de este lunes dejó claro que la mayoría del magisterio guatemalteco sigue comprometido con su labor y con el futuro de los estudiantes. A pesar del llamado a paro, las escuelas permanecieron abiertas en su mayoría, demostrando que la vocación docente puede más que las tensiones gremiales.

El mensaje del presidente Arévalo apunta a una política de responsabilidad, donde el cumplimiento de la ley es esencial para garantizar servicios públicos de calidad. Aunque las demandas laborales pueden ser legítimas, también es indispensable que se gestionen sin afectar los derechos fundamentales de la niñez y la juventud.

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La educación, como eje central del desarrollo social, debe ser protegida por todos los sectores. En este contexto, el gobierno se mantiene firme en aplicar la normativa vigente, al tiempo que mantiene abiertos los espacios de diálogo para lograr acuerdos que beneficien tanto a los docentes como a los estudiantes.

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