PDH fiscaliza al RENAP por uso de generadores eléctricos

Inspecciones por denuncias de riesgos en oficinas

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) inició en enero de 2026 un proceso de fiscalización sobre condiciones de trabajo y atención al público en instituciones del Estado, con énfasis en posibles riesgos para el personal. Entre los puntos revisados figura el Registro Nacional de las Personas (RENAP), tras reportes sobre infraestructura y prácticas operativas que podrían exponer a trabajadores a situaciones inseguras.

El foco de la verificación se relaciona con el uso de generadores eléctricos como respuesta a fallas en el suministro externo. La PDH, a través de su área especializada en derechos de las personas trabajadoras, busca establecer si el funcionamiento de estos equipos se está realizando bajo condiciones compatibles con seguridad ocupacional y continuidad del servicio.

Qué riesgos se señalan y qué dicen las guías técnicas

El punto crítico en estos casos es que un generador no solo produce energía: también produce emisiones, calor y ruido, y requiere manejo de combustible. En espacios cerrados o con ventilación deficiente, el riesgo puede aumentar de forma significativa, especialmente por gases de combustión.

Entre los riesgos que suelen considerarse en evaluaciones de este tipo están:

• Exposición a gases de combustión, incluido monóxido de carbono, asociado a intoxicaciones cuando se usa equipo de combustión en áreas sin ventilación adecuada

• Contaminación auditiva por operación prolongada de motores

• Riesgo de incendio por calor, conexiones improvisadas o manejo inadecuado de combustible

• Peligros por almacenamiento y traslado de combustible dentro o cerca de áreas de trabajo

En documentación técnica de RENAP sobre uso de generadores se advierte expresamente evitar su operación en lugares cerrados por la presencia de gases tóxicos y monóxido de carbono, y también se subraya el cuidado en el manejo y almacenamiento de combustible (incluida la ubicación y control de recipientes) como parte de medidas básicas de seguridad.

Lo que sigue: correcciones, reportes y transparencia

Más allá de la inspección puntual, el debate toca una obligación de fondo: la normativa de salud y seguridad ocupacional en Guatemala establece que las condiciones mínimas de seguridad aplican para personas trabajadoras en entidades públicas y privadas, y prevé mecanismos de control y vigilancia institucional.

En la práctica, si la fiscalización confirma riesgos, la ruta esperable es pasar de la denuncia al plan correctivo, con medidas verificables como:

• Definir zonas de operación con ventilación real y control de acceso

• Establecer protocolos de tiempo de uso, mantenimiento y supervisión técnica

• Regular el manejo y resguardo de combustible fuera de áreas de atención y de circulación interna

• Documentar mediciones y condiciones (ruido, emisiones, temperatura) y dejar trazabilidad de responsables

• Informar resultados y acciones para que el tema no quede solo en advertencias

Si el objetivo es proteger al personal sin interrumpir servicios, el punto clave será la transparencia: qué encontró la PDH, qué medidas adoptó RENAP y en qué plazos, con supervisión y seguimiento.

¿Debería el RENAP publicar un plan de mitigación con fechas y responsables cuando se detecten riesgos operativos, o basta con ajustes internos sin reportes públicos?