Nuevo amparo busca excluir a Arévalo de la elección del próximo Fiscal General

Un amparo presentado ante la Corte de Constitucionalidad pretende impedir que el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera participen en la designación del próximo Fiscal General del Ministerio Público, argumentando un posible conflicto de interés derivado de los antejuicios que enfrentan.

¿Quién presentó la acción legal y qué solicita exactamente?

El abogado Fernando Linares Beltranena interpuso el recurso ante la máxima Corte para que ambos funcionarios se abstengan de intervenir en la elección mientras no resuelvan su situación procesal de antejuicios.

El planteamiento solicita como medida provisional que el presidente y la vicepresidenta se inhiban del proceso de selección, dejando la designación en manos de quien establece el artículo 15 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Actualmente, esa función recae en Dimas Jiménez, quien ocupa el cargo en calidad de sustitución temporal.

El contexto: elección del fiscal en su etapa final

La acción legal se presenta en la fase decisiva del proceso 2026–2030, cuando ya existe una nómina de seis candidatos finalistas remitida al Ejecutivo, a quien la ley le otorga la facultad de designación.

El período de la actual fiscal general, María Consuelo Porras, concluye el 16 de mayo de 2026, en medio de la fase de impugnaciones y del análisis de perfiles por parte del Gobierno.

¿Cuál es el argumento central del amparo?

Según el documento presentado, la participación de Arévalo y Herrera en la elección del fiscal podría generar un conflicto de interés, dado que ambos enfrentan antejuicios en el Congreso de la República. El abogado considera que, mientras no se resuelva su situación legal, no deberían intervenir en la designación del titular del ente investigador.

¿Qué implicaciones tiene para el proceso de transición?

Si la Corte de Constitucionalidad concede la medida provisional solicitada, el presidente dejaría de tener injerencia directa en la elección del nuevo fiscal, y la decisión recaería en el sustituto temporal del cargo. Esto podría alterar los tiempos y la dinámica del proceso de relevo en el Ministerio Público.

La incertidumbre crece a días del cambio de mando en el MP

Con menos de dos semanas para que concluya el mandato de Consuelo Porras, este nuevo amparo agrega más tensión a un proceso de transición que ya es considerado volátil por analistas políticos. La decisión de la Corte sobre este recurso será clave para definir quién tendrá la última palabra en la elección del nuevo fiscal general.

Lo que está en juego

La designación del próximo fiscal general no solo definirá la dirección del Ministerio Público para los próximos años, sino que también será un termómetro de la independencia del sistema de justicia en Guatemala. Cualquier alteración en el proceso de elección podría generar una nueva crisis institucional en el país.