Mixco impugna el reparto de fondos extraordinarios de Codedes

La queja: Mixco recibe Q500 mil y cuestiona el criterio de reparto

El alcalde de Mixco, Neto Bran, presentó una acción ante la Corte de Constitucionalidad contra el Presupuesto General 2026 (Decreto 27-2025), al alegar que el Congreso distribuyó de forma “no razonable” el aporte extraordinario para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes). En el artículo que regula ese fondo, a Mixco se le asignan Q500 mil, una cifra que el jefe edil considera desproporcionada frente a otros municipios que reciben montos mayores.

Bran sostiene que la asignación no respondió a estudios técnicos ni a una metodología verificable y que, además, el reparto se convirtió en un instrumento de negociación política de cara al ciclo electoral siguiente. En su planteamiento, pide que se ordene una formulación coherente y motivada de la asignación, y que se revise el cumplimiento de principios constitucionales relacionados con igualdad, equidad y asignaciones municipales.

Un fondo millonario bajo presión: cuánto dinero está en juego

El presupuesto 2026 contempla tres aportes para Codedes, incluido un fondo extraordinario de Q6 mil 312 millones 100 mil distribuido por municipio. En total, los Codedes recibirían Q10 mil 821 millones 429 mil, con la posibilidad de que el monto suba si se utilizan saldos no ejecutados de años anteriores.

En ese marco, la comparación que alimenta la controversia es directa: la ley fija para Mixco el mismo monto de Q500 mil que para otras municipalidades, pese a que Mixco argumenta que su población, demanda de servicios y ritmo de obra pública lo colocan en otra escala de necesidades.

El trasfondo político: señalamientos de “padrinazgos” y reparto discrecional

El debate subió de tono por declaraciones atribuidas al diputado Orlando Blanco, quien respaldó públicamente la queja y planteó que hay alcaldes que obtienen mejores asignaciones por sus vínculos y negociaciones dentro del Congreso, mientras otros quedan relegados por no tener esos respaldos.

Además, el caso se da en un contexto en el que organizaciones y análisis han advertido sobre el uso político de estos recursos y la falta de criterios transparentes para justificar diferencias entre municipios, un punto especialmente sensible cuando se trata de fondos destinados a infraestructura y proyectos locales.

Qué sigue: la ruta en la Corte y el mensaje institucional

Si la Corte de Constitucionalidad admite y da trámite a la acción, el proceso puede abrir una discusión más amplia sobre cómo se asignan los fondos extraordinarios: qué criterios se usan, qué documentación los respalda, quién los define y cómo se audita la lógica del reparto. En términos prácticos, el reclamo de Mixco pone sobre la mesa una exigencia básica: que la distribución sea técnica, explicable y comparable, no un resultado de negociaciones opacas.

¿Debe Guatemala imponer reglas públicas y auditables para repartir estos fondos según población, brechas y proyectos viables, o el sistema seguirá premiando la capacidad de negociación política por encima de las necesidades reales?