Miguel Martínez defiende su patrimonio mientras avanzan medidas sobre sus bienes

Un mensaje en redes reaviva un caso que ya estaba en tribunales

Miguel Martínez, exjefe del desaparecido Centro de Gobierno durante la administración de Alejandro Giammattei, publicó en redes sociales que su patrimonio proviene de años de trabajo y que no tiene cuentas pendientes por sus propiedades. El pronunciamiento reactivó el debate público porque coincide con medidas judiciales que mantienen bajo revisión bienes vinculados a su entorno.

Qué resolvió el Juzgado de Extinción de Dominio en 2025

El 12 de mayo de 2025, Prensa Comunitaria reportó que el Juzgado de Extinción de Dominio autorizó la inmovilización de seis de ocho propiedades vinculadas al exfuncionario, con un valor aproximado cercano a diez millones de quetzales. El reporte añade que los inmuebles estarían en Sacatepéquez y Guatemala y aparecen inscritos a nombre de empresas y sociedades.

Según esa misma cobertura, el juez rechazó inmovilizar dos propiedades cuya adquisición se remontaría a 2015, antes del periodo de gobierno señalado en el debate.

Puntos clave de esta fase:

• La inmovilización busca permitir que la fiscalía investigue el origen del dinero, no equivale por sí sola a una condena penal.

• La audiencia se llevó bajo reserva judicial, por lo que el detalle completo del expediente no es público.

El antecedente internacional que pesa en la discusión

El 1 de diciembre de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a Luis Miguel Martínez Morales bajo la autoridad vinculada a Global Magnitsky, señalándolo por su rol en esquemas de soborno y corrupción asociados a contratos públicos en Guatemala.

En ese comunicado, Tesoro también describe a Martínez como exjefe del Centro de Gobierno y afirma que ese órgano fue cerrado en diciembre de 2020 tras reacciones por su creciente influencia.

¿En un caso así, qué debería pesar más para la opinión pública: la explicación personal del señalado o lo que terminen acreditando documentos, trazabilidad de fondos y resoluciones judiciales?