Solicitud de la Fiscalía ante la Corte Suprema
La Fiscalía de Guatemala, bajo la dirección del fiscal Rafael Curruchiche, ha presentado una solicitud formal ante la Corte Suprema de Justicia para retirar la inmunidad al presidente Bernardo Arévalo. La solicitud tiene como objetivo investigar al mandatario por supuestos pagos «ilegales» realizados a empresas constructoras. Según las declaraciones del fiscal en una conferencia de prensa, Arévalo está acusado de los delitos de abuso de autoridad, usurpación de atribuciones y violación de la Constitución.
Curruchiche explicó que el presidente habría autorizado pagos millonarios a constructoras vinculadas a actos de corrupción, a través de la exministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega. Este proceso judicial podría culminar en la pérdida de inmunidad del presidente, lo que permitiría investigarlo penalmente.
¿Qué es el Antejuicio?
El antejuicio es un derecho que protege a los altos funcionarios públicos, como el presidente, de ser investigados sin una autorización judicial previa. En este caso, la Corte Suprema de Justicia debe decidir si otorga luz verde para iniciar una investigación formal contra Arévalo. Si el proceso avanza, el Congreso será el encargado de determinar si el presidente pierde su inmunidad.
Este procedimiento es clave para garantizar que cualquier investigación contra un funcionario en funciones esté respaldada por pruebas sólidas y se desarrolle dentro del marco legal. Si la Corte Suprema aprueba la solicitud de la fiscalía, el proceso legal seguirá en el Congreso de Guatemala, donde se decidirá el futuro del presidente en cuanto a su inmunidad.
La Respuesta del Gobierno
El gobierno de Bernardo Arévalo ha respondido enérgicamente a las acusaciones. En un comunicado emitido por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, calificaron las declaraciones del fiscal Curruchiche como «disparates» y afirmaron que no tienen fundamento en ninguna acción penal. Además, destacaron que las acusaciones forman parte de una campaña de persecución política en contra del mandatario.
La tensa relación entre el presidente y la Fiscalía General, encabezada por Consuelo Porras, no es un tema nuevo. Desde el año pasado, ambas partes han estado inmersas en un conflicto constante, lo que ha generado un ambiente de inestabilidad política en el país. El gobierno considera que las acciones de la fiscalía tienen motivaciones políticas, especialmente por la presión que Arévalo ha ejercido para luchar contra la corrupción en Guatemala.
🇬🇹GUATEMALA
— Red de Fenómenos Naturales (@calixtonavarroq) August 22, 2024
⚖️Fiscalía de Guatemala pide retirar inmunidad al presidente Arévalo por supuesto caso de corrupción
Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala pidió este miércoles 21 de agosto que el mandatario del país el progresista Bernardo Arévalo, Ministerio de Comunicaciones pic.twitter.com/6ezScgFAN6
El Caso que Involucra a Empresas Constructoras Pagos ‘Ilegales’
El caso en cuestión se deriva de una denuncia presentada el 16 de julio de 2024 por Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo. Méndez Ruiz, quien ha sido sancionado por Washington por actos de corrupción, acusó a Arévalo de ser el principal promotor de la impunidad y la corrupción en el país.
Uno de los elementos clave en este caso es un audio filtrado en mayo, en el que se escucha al presidente Bernardo Arévalo instruyendo a la entonces ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, sobre el pago a empresas constructoras. En el audio, Arévalo menciona la destitución de la ministra por no haber cumplido con los pagos acordados. El presidente ha confirmado la autenticidad del audio, pero ha defendido sus acciones al señalar que los pagos se realizaron tras verificar que las obras estaban en ejecución.
Arévalo y la Fiscal Porras: Una Rivalidad en Escalada
Este nuevo caso es solo uno de los capítulos en la larga disputa entre Bernardo Arévalo y la fiscal Consuelo Porras. Desde que Arévalo ganó sorpresivamente las elecciones en 2023 con un mensaje anticorrupción, ha sido blanco de investigaciones judiciales por parte de la fiscalía. Entre estas investigaciones se encuentra una relacionada con el financiamiento de su partido, Semilla, por presunto lavado de dinero.
A pesar de las acusaciones y las investigaciones en su contra, Arévalo ha mantenido el respaldo de la Unión Europea y Estados Unidos, quienes ven en su mandato una esperanza de cambio para Guatemala. No obstante, la imposibilidad de destituir a Consuelo Porras, cuyo mandato concluye en 2026, ha generado frustración en el gobierno de Arévalo, quien busca implementar reformas para remover a la fiscal general.
La solicitud de la fiscalía para retirar la inmunidad al presidente Bernardo Arévalo marca un momento crucial en la política guatemalteca. La resolución de este caso podría tener importantes implicaciones para el futuro del país, especialmente en su lucha contra la corrupción. Mientras tanto, el enfrentamiento entre Arévalo y la Fiscalía General continúa intensificándose, dejando a Guatemala en un estado de incertidumbre política.
