Exmilitares y Expatrulleros Civiles protestan Frente al Congreso

Exmilitares y Expatrulleros Civiles Exigen Compensación Económica: Protestas Frente al Congreso de Guatemala

En un escenario marcado por la persistencia de demandas históricas, exmilitares y expatrulleros civiles de Guatemala han intensificado sus protestas frente al Congreso de la República.

Su objetivo es claro: obtener una compensación económica que consideran justa por los servicios prestados durante el conflicto armado interno que azotó al país entre 1960 y 1996.

Estas manifestaciones, que han cobrado fuerza en los últimos años, reflejan el descontento de un sector que se siente marginado y olvidado por las autoridades.

Las Demandas de los Veteranos

Los manifestantes exigen la aprobación de la iniciativa de ley 5664, la cual propone una indemnización de Q120,000 (aproximadamente $15,500) para cada veterano, distribuida en cuatro pagos anuales.

Esta propuesta busca reconocer el sacrificio de quienes sirvieron en el Ejército y en las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) durante el conflicto armado. Sin embargo, el Congreso ha mostrado reticencia en aprobar esta iniciativa, lo que ha generado frustración entre los veteranos.

En contraste, el Congreso aprobó en octubre de 2022 la Ley Temporal de Desarrollo Integral (Decreto 51-2022), que ofrece Q36,000 a cada veterano que se inscriba en el Ministerio de Desarrollo Social y participe en trabajos de reforestación y cuidado del medio ambiente.

Esta medida ha sido rechazada por los exmilitares, quienes consideran que no se les debe exigir trabajo adicional para recibir una compensación por servicios ya prestados. Además, critican que la ley permite que personas sin historial militar accedan a estos beneficios, lo que consideran una injusticia.

Manifestaciones y Bloqueos

Las protestas han incluido bloqueos de carreteras y manifestaciones frente al Congreso. En marzo de 2025, jubilados del Ejército cerraron el paso vehicular en la 8a avenida, entre 9a y 10a calle de la zona 1, exigiendo que sus pensiones sean equiparadas al salario mínimo. Francisco Togual, representante de la Asociación Nacional de Especialistas Jubilados del Ejército de Guatemala, indicó que muchos de los manifestantes trabajaron por más de 30 años y reciben pensiones por debajo de Q3,600, lo que consideran insuficiente para cubrir sus necesidades básicas.

Las autoridades han respondido con presencia policial y llamados al diálogo, pero hasta el momento no se ha llegado a una solución que satisfaga a los veteranos. La falta de respuesta efectiva ha llevado a los manifestantes a intensificar sus acciones, incluyendo la amenaza de nuevos bloqueos y protestas a nivel nacional.

> - Veteranos Militares -Manifestación desbloquea 8 avenida 9 calle zona 1. PMT Ciudad Guatemala - EMETRA pic.twitter.com/agk0LO2Z2g— Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) April 25, 2025

Un Conflicto de Larga Data

El conflicto entre los exmilitares y el gobierno no es nuevo. En octubre de 2021, una marcha de exmilitares terminó con disturbios cuando los manifestantes irrumpieron en el Congreso, causando destrozos y prendiendo fuego a varios vehículos. Estos actos de violencia reflejan la desesperación de un grupo que siente que sus demandas han sido ignoradas durante décadas.

La situación se complica por la falta de consenso sobre el número exacto de veteranos que deberían recibir compensación. Mientras el Ministerio de la Defensa reporta cerca de 98,561 veteranos, la Asociación de Veteranos de Guatemala (Avemilgua) afirma que hay más de 354,000. Esta discrepancia dificulta la planificación y asignación de recursos por parte del gobierno.

La resolución de este conflicto requiere un enfoque integral que reconozca las contribuciones de los exmilitares y expatrulleros civiles, garantice una compensación justa y evite la exclusión de quienes realmente prestaron servicios durante el conflicto armado. Además, es fundamental establecer mecanismos transparentes para identificar a los beneficiarios legítimos y evitar el uso político de estas compensaciones.

El gobierno enfrenta el reto de equilibrar las demandas de los veteranos con las limitaciones presupuestarias y la necesidad de mantener la paz social. La falta de acción podría conducir a una escalada de las protestas y a una mayor polarización en el país. Es imperativo que las autoridades y los representantes de los veteranos entablen un diálogo constructivo para encontrar soluciones sostenibles que reconozcan el sacrificio de quienes sirvieron al país y promuevan la reconciliación nacional.