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El informe de EE.UU. a Consuelo Porras por presunta corrupción

El informe de EE.UU. a Consuelo Porras por presunta corrupción


En los últimos años, Guatemala ha sido escenario de intensos debates sobre la integridad de sus instituciones judiciales. Una figura central en esta controversia es María Consuelo Porras, Fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP), quien ha sido señalada por Estados Unidos y la Unión Europea de obstaculizar investigaciones de corrupción y socavar el Estado de derecho en el país centroamericano.

Consuelo Porras bajo la lupa de EE.UU. por presunta corrupción

Consuelo Porras asumió el cargo de Fiscal General en 2018, y en 2022 fue reelegida por el presidente Alejandro Giammattei para un segundo período de cuatro años. Esta reelección generó críticas tanto a nivel nacional como internacional. El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, expresó que durante su gestión, Porras:

«obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos«

En septiembre de 2021, el Departamento de Estado de EE.UU. incluyó a Porras en la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos, conocida como Lista Engel, lo que resultó en la revocación de su visa y la prohibición de ingresar a territorio estadounidense.

Además, su esposo, Gilberto de Jesús Porres de Paz, también fue sancionado. Posteriormente, en 2024, otros 41 países se sumaron a estas sanciones, prohibiendo el ingreso de Porras y otros operadores de justicia guatemaltecos a sus territorios.

Diversos informes señalan que, bajo la dirección de Porras, el MP ha retrasado, obstruido o desestimado investigaciones de alto perfil sobre corrupción. Un informe del Departamento de Estado de EE.UU. destacó que la corrupción endémica en Guatemala facilita la impunidad, incluso para estructuras dedicadas al narcotráfico, y que Porras ha sido responsable de obstaculizar investigaciones clave.

Además, se ha reportado que al menos 28 denuncias de casos de corrupción que involucran a contratistas del Estado, diputados y otros funcionarios no han mostrado avances significativos en el MP durante su gestión.

Ante las acusaciones, el Ministerio Público ha emitido comunicados rechazando cualquier injerencia extranjera en sus funciones. En respuesta a las sanciones de EE.UU., el MP afirmó que:

«la Fiscal General no acepta ningún tipo de injerencia ni presión y continuará trabajando de manera objetiva e imparcial velando por el estricto cumplimiento de la ley«

Por su parte, el presidente Giammattei defendió la reelección de Porras, argumentando que los señalamientos mediáticos o políticos no tienen valor legal para despojar a una persona de su capacidad, idoneidad y honradez.

La continuidad de Porras al frente del MP ha generado preocupación sobre el compromiso de Guatemala en la lucha contra la corrupción.

La Unión Europea lamentó su reelección, señalando que «suscita preocupación sobre el compromiso de las autoridades guatemaltecas para combatir la corrupción y salvaguardar la independencia del poder judicial«.

Además, durante su gestión, varios jueces, abogados y fiscales involucrados en la investigación de casos de corrupción de alto nivel han sido objeto de acciones legales, lo que ha llevado a algunos a abandonar el país.

La figura de Consuelo Porras sigue siendo motivo de controversia en Guatemala y en la comunidad internacional. Mientras sus detractores la acusan de obstaculizar la justicia y proteger a aliados políticos corruptos, ella y el gobierno guatemalteco defienden su gestión, rechazando las acusaciones como injerencias extranjeras.

La situación plantea desafíos significativos para la credibilidad del sistema judicial guatemalteco y su capacidad para combatir la corrupción de manera efectiva.

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