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Definen si el caso Melisa Palacios pasará a Juzgado de Mayor Riesgo

Definen si el caso Melisa Palacios pasará a Juzgado de Mayor Riesgo

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Cámara Penal decidirá si el caso Melisa Palacios pasa a juzgado de Mayor Riesgo

El asesinato de la joven ocurrido en 2021 sigue sin justicia clara, mientras la Fiscalía denuncia intimidaciones y retrasos procesales

El proceso penal por el crimen de Melisa Palacios, una joven asesinada en julio de 2021, entra en una nueva fase decisiva. La Cámara Penal ha convocado para el 9 de junio una vista pública en la que se discutirá si el expediente debe ser trasladado a un juzgado de Mayor Riesgo, una solicitud presentada por el Ministerio Público (MP) debido a amenazas e intimidaciones sufridas por las partes querellantes.

Esta audiencia, programada para las nueve de la mañana, podría marcar un punto de inflexión en un caso que ha estado plagado de cambios de defensa, excusas judiciales y riesgos a la integridad física de los involucrados.

Petición del MP responde a condiciones de seguridad inadecuadas en Chiquimula

Cámara Penal decidirá si el caso Melisa Palacios pasa a juzgado de Mayor Riesgo

La Fiscalía Contra el Delito de Femicidio espera que el proceso no continúe en el juzgado regional de Chiquimula. La solicitud se basa en el clima de inseguridad que ha rodeado el caso, con presencia documentada de individuos armados y agresiones dirigidas hacia familiares de la víctima, como su madre y su tío. Según los fiscales, estos elementos constituyen un entorno claramente intimidante que podría afectar la imparcialidad del proceso y la protección de los derechos de los querellantes.

Los acusados y su defensa han retrasado el proceso

Los acusados y su defensa han retrasado el proceso

Uno de los elementos que ha generado preocupación entre los fiscales es el uso sistemático del cambio de abogados por parte de los acusados María Fernanda Bonilla y Luis Marroquín. El MP ha recibido al menos seis notificaciones de modificaciones en la representación legal, una situación que califican como una estrategia de defensa dilatoria. Incluso se ha recurrido en momentos al Instituto de la Defensa Pública Penal, lo que ha contribuido a que el caso no avance con la celeridad requerida por su gravedad.

Este patrón ha dificultado no solo la organización de audiencias, sino también la planificación de las etapas procesales. El constante cambio en la defensa técnica ha afectado la continuidad del juicio, y es una de las razones por las que el MP insiste en que el caso necesita el seguimiento de un tribunal especializado, con capacidad de gestión ante situaciones complejas y de alto riesgo.

La audiencia intermedia quedó suspendida por excusa de la jueza

Coincidiendo con la programación de la vista pública, el juzgado de Chiquimula había citado a las partes para una audiencia de etapa intermedia el mismo 9 de junio. Sin embargo, dicha audiencia fue suspendida por una excusa presentada por la jueza encargada del caso. Esta coincidencia ha generado incertidumbre entre los querellantes, pues aún no se tiene claridad sobre cuál será la instancia que finalmente conocerá esta etapa crucial, donde se definirá si Bonilla y Marroquín enfrentarán juicio formal por el crimen.

Detalles del crimen que conmocionó al país

Melisa Palacios salió de su casa el 3 de julio de 2021, informando que asistiría al cumpleaños de un amigo. Sin embargo, según las investigaciones del MP, la joven se reunió con su amiga María Fernanda Bonilla, principal acusada en el caso. Cámaras de seguridad captaron el momento en que ambas subieron a un vehículo. Horas más tarde, Melisa fue hallada sin vida, aún con la misma ropa con la que fue vista por última vez.

Pruebas clave sostienen la acusación por asesinato

El Ministerio Público ha recabado evidencia técnica y testimonial que refuerza su hipótesis. Una testigo proporcionó un audio en el que supuestamente se escucha a Bonilla discutir con Melisa, mientras esta le suplica por su vida. Además del material audiovisual, la fiscalía ha seguido la ruta de los vehículos involucrados mediante cámaras del sector. Todos estos elementos, asegura el MP, confirman que el caso no debe ser tratado como un homicidio en estado de emoción violenta, como lo calificó un juez, sino como un asesinato con agravantes.

Traslado a un juzgado de Mayor Riesgo: una necesidad urgente

Los juzgados de Mayor Riesgo están diseñados para conocer casos que involucran crimen organizado, violencia sistemática o delitos de alto perfil. Estos tribunales ofrecen condiciones de seguridad especiales tanto para las víctimas como para los operadores de justicia. En este caso, el MP considera fundamental que el proceso se desarrolle bajo un entorno controlado y seguro, dadas las amenazas y ataques sufridos.

Protección a testigos y querellantes

El traslado del caso a un tribunal de Mayor Riesgo no solo brindaría mayor seguridad física a los participantes, sino también mejores condiciones para resguardar a los testigos clave. La madre de Melisa, quien participa como querellante adhesiva, ha sido víctima de un ataque armado, lo que demuestra la urgencia de una medida extraordinaria de protección judicial.

¿Qué se espera de la audiencia del 9 de junio?

La Cámara Penal tendrá en sus manos la decisión de permitir o rechazar el traslado del expediente. Los argumentos a favor se centran en los antecedentes de intimidación, la inestabilidad de la defensa y el perfil del delito. De ser aceptada la solicitud, el proceso continuaría en la capital, bajo la supervisión de jueces especializados en casos complejos.

Si la Cámara Penal rechaza la petición, el proceso podría quedar estancado en un juzgado donde ya se han registrado varios contratiempos. Por ello, tanto la familia de la víctima como las autoridades de la fiscalía esperan que se imponga el criterio de protección a las víctimas y eficiencia en el proceso judicial.

El caso de Melisa Palacios es más que un expediente penal; es un símbolo de la lucha contra la impunidad en los crímenes de género. La decisión que adopte la Cámara Penal este 9 de junio podría sentar un precedente importante sobre cómo el sistema de justicia responde ante casos donde hay riesgo latente para los actores del proceso.

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