
Contraloría detecta uso irregular de Q2,800 millones en primer año de Arévalo
Contraloría detecta más de Q2,800 millones en presuntas irregularidades durante el primer año del gobierno de Arévalo
Durante el primer año de la administración del presidente Bernardo Arévalo, la Contraloría General de Cuentas (CGC) identificó un total de Q2,814 millones en presunto uso irregular de recursos públicos. Esta información fue dada a conocer a través del informe de auditoría anual correspondiente al ejercicio fiscal más reciente, el cual fue presentado ante el Congreso de la República por el contralor general, Helmuth Bode.
En el documento se consignan 3,554 hallazgos administrativos, financieros y operativos en distintas entidades públicas, resultado de 1,400 procesos de verificación ejecutados durante el periodo fiscal. Las observaciones derivaron en 3,354 sanciones económicas que superan los Q134 millones y también motivaron la presentación de 115 denuncias penales ante el Ministerio Público (MP).
Sanciones económicas, cargos administrativos y denuncias penales

Según detalló Helmuth Bode al momento de entregar el informe al presidente del Congreso, Nery Ramos, los hallazgos de la CGC se enfocaron en áreas críticas de la gestión pública, como la obra pública, las contrataciones estatales y el manejo de fideicomisos. A raíz de las anomalías detectadas, la entidad fiscalizadora procedió a emitir cargos contra 86 funcionarios públicos, además de las sanciones económicas previamente mencionadas.
Una parte significativa de los hallazgos fue trasladada al Ministerio Público para su análisis penal. De las 115 denuncias interpuestas, Q2,620 millones corresponden a casos que, según la Contraloría, presentan indicios de posibles delitos. Estos expedientes ahora quedan bajo investigación del MP, que deberá determinar si se cometieron actos ilícitos en la administración de los fondos públicos.
El informe subraya que muchas de las irregularidades tienen relación con proyectos de inversión local y nacional, particularmente en municipalidades, consejos departamentales de desarrollo y programas financiados a través de fideicomisos, estructuras que históricamente han sido señaladas por su débil fiscalización y bajo nivel de transparencia.
Contrataciones cuestionadas por más de Q436 millones
Uno de los apartados más relevantes del informe de la CGC está relacionado con procesos de contratación pública, en los que se detectaron presuntas anomalías valoradas en Q436.3 millones. Estos hallazgos provienen de auditorías recurrentes que se realizaron a lo largo del año en instituciones clave.
Entre los procesos destacados se encuentran la ampliación de la sede central del Ministerio Público, un proyecto que ya había sido objeto de críticas por su opacidad, y la compra de un buque para la Marina de la Defensa Nacional, adquisición que habría presentado inconsistencias en los términos de referencia y en el proceso de adjudicación.
Además, se identificaron irregularidades en contrataciones relacionadas con la adquisición de insumos médicos, servicios informáticos y ejecución de obras que, según el informe, no cumplieron con los criterios mínimos de legalidad o eficiencia.
Contraloría pide fortalecer mecanismos de control interno
El informe no solo se limita a señalar hallazgos, sino que también formula una serie de recomendaciones técnicas y administrativas para evitar la repetición de estas situaciones. Una de las principales sugerencias es reforzar los mecanismos de control interno, especialmente en municipalidades, consejos de desarrollo y entidades autónomas, donde el nivel de supervisión ha sido históricamente bajo.
Asimismo, se insta a que los entes responsables de contrataciones públicas fortalezcan sus capacidades técnicas para evaluar y fiscalizar correctamente los procesos de licitación y ejecución de proyectos. La Contraloría advierte que, sin medidas correctivas efectivas, existe el riesgo de que estos patrones se mantengan e incluso se profundicen en los próximos años.
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El Gobierno de Arévalo aún no emite postura oficial tras revelación del informe
Hasta el momento, la Presidencia de la República no ha emitido una respuesta oficial al informe presentado por la Contraloría. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo indicaron que se están revisando los hallazgos para emitir una postura institucional en los próximos días.
La publicación del informe llega en un contexto político sensible para el gobierno de Arévalo, que enfrenta altas expectativas ciudadanas en cuanto a transparencia y lucha contra la corrupción. La revelación de estas posibles irregularidades representa un reto significativo para el mandatario, quien ha prometido reformas en el sistema de contrataciones y una mayor fiscalización del gasto público.
Mientras tanto, sectores sociales y organizaciones de transparencia exigen que el Ministerio Público actúe con independencia y agilidad para esclarecer los hechos y, en caso de comprobarse responsabilidades, que se apliquen las sanciones correspondientes.
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