Caso Melisa Palacios: admiten 200 pruebas y el juicio queda a la espera de fecha

La audiencia de ofrecimiento de prueba acerca el expediente al debate oral

El Juzgado de Mayor Riesgo “C” admitió 200 de 209 medios de prueba presentados por el Ministerio Público y el Instituto de la Víctima dentro del proceso por el asesinato de Melisa Alejandra Palacios Chacón. Con esa resolución, el caso avanza a la etapa previa al debate oral y público, que será conocido por el Tribunal de Mayor Riesgo “C”.

Por ahora, no hay día ni hora para el inicio del juicio. De acuerdo con lo informado en la audiencia, la fijación de la fecha se haría después, en parte porque el tribunal aún no está integrado en su totalidad.

Qué busca sostener la fiscalía y por qué la defensa anticipa disputa

En la fase intermedia, el MP detalló un paquete de 209 pruebas con las que pretende sustentar la acusación contra María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín Ovalle. Entre lo expuesto públicamente figuran peritajes forenses y médicos, documentación y testigos vinculados a la desaparición y muerte de la víctima.

Según Prensa Libre, dentro de los peritos ofrecidos hay especialistas que declararán sobre la causa de muerte determinada por el peritaje (hemorragia subaracnoidea derivada de traumatismo craneoencefálico), además de análisis técnicos y testimonios para reconstruir hechos y comunicaciones.

Del lado de la defensa, uno de los puntos de choque es la evidencia tecnológica. En la audiencia del 5 de enero de 2026, el abogado defensor solicitó excluir información obtenida del celular de su defendida, alegando vulneraciones al debido proceso y cuestionando plazos y autorizaciones.

Un caso de 2021 que llega a fase decisiva tras años de incidentes

El expediente se remonta al 4 de julio de 2021, cuando Melisa Palacios, de 21 años, desapareció en San Jorge, Zacapa. Su cuerpo fue localizado al día siguiente en Río Hondo, con señales de violencia, lo que activó alertas públicas y una demanda sostenida de justicia por parte de la familia.

En diciembre de 2025, la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo rechazó un amparo de la defensa y confirmó que los sindicados deben enfrentar juicio por asesinato ante el Tribunal de Mayor Riesgo “C”. Esa resolución incluyó una multa de Q1 mil para cada uno de los abogados defensores, según el reporte.

La admisión de la mayoría de pruebas acerca el caso al debate, pero también abre espacio para nuevas objeciones y recursos sobre qué evidencia puede discutirse en juicio.

¿La etapa que viene debería priorizar rapidez para evitar más retrasos, o es preferible agotar cada incidente para blindar el proceso y reducir riesgos de nulidades?