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Arévalo niega “impuesto a las tortillas” y atribuye el ruido a desinformación

Arévalo niega “impuesto a las tortillas” y atribuye el ruido a desinformación

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El presidente asegura que no hay nuevos tributos detrás del rumor

El presidente Bernardo Arévalo salió a desmentir versiones que circularon en redes sobre un supuesto “impuesto a las tortillas” y otros cobros ligados a pequeños comercios. En marzo de 2025, el mandatario afirmó que se estaba intentando provocar conflictividad a partir de información falsa y pidió no amplificarla sin verificación.

Según la explicación oficial, el origen del malentendido fue la unificación del Código Único de Identificación (CUI) con el Número de Identificación Tributaria (NIT), un cambio que Arévalo presentó como cumplimiento de normativa vigente, no como creación de un nuevo impuesto. También subrayó que se trata de una medida aplicada a la identificación de personas, no a transacciones o ventas en tortillerías.

SAT: no se fiscalizan tortillerías y un impuesto requeriría aprobación del Congreso

Tras protestas por el tema, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) rechazó que exista un impuesto nuevo para tortillerías y afirmó que no realizan operativos en tiendas de barrio, tortillerías o mercados. Además, recordó que para crear un impuesto de ese tipo tendría que aprobarse una ley en el Congreso, algo que no había ocurrido.

La SAT también advirtió sobre el riesgo de estafas o extorsiones con supuestos “inspectores”, y recomendó verificar identificación oficial (incluido el uso de gafetes con código QR) cuando alguien llegue a “fiscalizar”.

Qué queda en juego: credibilidad, calle y control de rumores

El episodio deja un patrón conocido: un mensaje viral, reacción social rápida y necesidad de desmentidos institucionales. La discusión de fondo no es solo tributaria, sino de confianza: cuando la gente teme cambios que afecten la canasta básica o al pequeño comercio, la desinformación encuentra terreno fértil y puede detonar bloqueos o confrontaciones.

¿Quién debería cargar con la responsabilidad principal en estos casos: plataformas y cuentas que difunden rumores, o instituciones que no logran comunicar a tiempo decisiones técnicas que terminan interpretándose como “nuevos impuestos”?

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