
Propuesta de control militar en cárceles abre debate en seguridad
Qué planteó el director de la PNC y en qué contexto surge
El director general de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, expuso ante diputados de la bancada VOS la posibilidad de que el Ejército refuerce el control interno en centros penitenciarios con presencia de pandillas, como parte de una reestructuración para recuperar disciplina y cortar la operación delictiva desde prisión.
La propuesta aparece en un momento de alta presión para el sistema penitenciario y para la seguridad pública, después de motines y medidas de contención que, según autoridades y medios, elevaron el nivel de riesgo para personal y unidades policiales. En ese marco, Boteo también ha mencionado que se emitieron más de 60 alertas internas preventivas a unidades y comisarías ante posibles represalias.
Qué implicaría un rol militar dentro de los centros penales

La idea, tal como se ha difundido, apunta a que el Ejército asuma o refuerce funciones de control interno en determinados penales, con énfasis en:
- supervisión de ingresos y rutinas internas para reducir filtraciones
- cierre de canales de comunicación y mando desde prisión
- coordinación operativa más estrecha entre PNC, Sistema Penitenciario y fuerzas militares
El punto sensible es el diseño institucional: quién manda dentro del centro penal, bajo qué reglas, con qué protocolos de uso de fuerza, qué controles civiles y judiciales se aplican y cómo se evita que una medida excepcional se convierta en norma sin evaluación pública.
Riesgos y preguntas que deja sobre la mesa
El debate no es solo operativo, también político y legal. Quienes respaldan una intervención militar la presentan como una respuesta inmediata ante cárceles que siguen funcionando como plataformas criminales. Quienes la cuestionan advierten que, si no hay controles claros, puede abrir espacios a abusos, disputas de mando o responsabilidades difusas en caso de incidentes.
Con la crisis todavía reciente y con instituciones bajo escrutinio, la discusión de fondo es si el país está frente a una solución de choque o ante el reconocimiento de que el control penitenciario requiere reformas más profundas en personal, inteligencia, controles y administración.
¿Qué debería priorizarse para recuperar gobernabilidad penitenciaria: una intervención militar temporal con controles estrictos, o una reforma civil integral del sistema penitenciario con resultados medibles?
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