Presidente de Colombia acusa a Fiscalía guatemalteca de servir al crimen

Gustavo Petro responde a Guatemala: una crisis diplomática que escala tras órdenes de captura a funcionarios colombianos

En medio de un ambiente político convulso en América Latina, las relaciones diplomáticas entre Colombia y Guatemala entran en una nueva etapa de tensión. La reciente emisión de órdenes de captura contra Iván Velásquez, excomisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y Luz Adriana Camargo, actual fiscal general de Colombia, ha generado una dura reacción del presidente colombiano Gustavo Petro, quien no dudó en acusar directamente a la Fiscalía guatemalteca de actuar bajo intereses criminales.

Petro, mediante un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, denunció lo que considera una persecución judicial motivada por actores mafiosos que pretenden silenciar las acciones anticorrupción del pasado. La situación ha sido calificada por el gobierno colombiano como un ataque a la justicia internacional y una desviación grave de los principios del derecho internacional.

La acusación: supuestas irregularidades en acuerdos con Odebrecht

La orden de detención fue emitida por la Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial de Guatemala, instancia señalada por su historial de decisiones polémicas. Esta vez, el fundamento se basa en la acusación del Ministerio Público guatemalteco, encabezado por el fiscal Rafael Curruchiche, quien sostiene que Velásquez y Camargo incurrieron en irregularidades en acuerdos de cooperación con directivos brasileños de Odebrecht en 2017, cuando ambos formaban parte de la CICIG.

Curruchiche argumenta que estos acuerdos, en lugar de fortalecer la lucha contra la corrupción, favorecieron la impunidad de algunos implicados. Sin embargo, desde Colombia y distintos sectores internacionales, se sostiene que las acciones legales en contra de los exfuncionarios carecen de sustento jurídico y tienen una motivación política clara.

Petro señala una red de persecución judicial en América Latina

Comparaciones con casos en Colombia y Perú refuerzan la denuncia

Gustavo Petro fue más allá de los hechos recientes. En su declaración, comparó el accionar de la Fiscalía guatemalteca con el comportamiento que, según él, tuvo la Fiscalía colombiana durante la administración de Francisco Barbosa, a quien acusa de liderar una estrategia de persecución contra su gobierno. Asimismo, hizo referencia al encarcelamiento del expresidente peruano Pedro Castillo, a quien también considera víctima de un sistema judicial manipulado.

Según Petro, estas acciones judiciales no representan una búsqueda de justicia, sino que responden a una captura institucional por parte del crimen organizado. Desde su visión, los poderes judiciales de varios países están siendo infiltrados por intereses oscuros que buscan desarticular los esfuerzos anticorrupción y debilitar a los gobiernos que promueven cambios estructurales.

Crímenes de lesa humanidad y propuesta de justicia internacional

El presidente colombiano no se limitó a rechazar las órdenes de captura. También propuso un nuevo enfoque internacional para juzgar a las redes criminales que, según él, operan con impunidad en América Latina. Para ello, invitó a un grupo de abogados independientes a redactar una causa penal internacional que permita procesar a estas mafias en tribunales penales internacionales, al estilo de los juicios de Nuremberg.

Petro sostuvo que los delitos cometidos por estas organizaciones trascienden las fronteras nacionales y deben ser considerados crímenes de lesa humanidad, debido a su impacto profundo en la democracia, la institucionalidad y los derechos humanos en la región. También propuso financiar y fortalecer los mecanismos internacionales de justicia penal, en particular los que no dependen de la voluntad política de gobiernos locales.

Colombia denuncia violación de principios internacionales

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un comunicado oficial en el que calificó la medida guatemalteca como un acto sin sustento legal y como una vulneración grave a los derechos humanos fundamentales. En su declaración, la Cancillería expresó que esta orden de detención representa una amenaza al sistema de justicia internacional y contradice los compromisos adquiridos por Guatemala en tratados multilaterales.

Además, se recordó que los exfuncionarios de la CICIG, al ser parte de una comisión respaldada por las Naciones Unidas, gozan de inmunidad internacional conforme al acuerdo que permitió la creación de dicho organismo. En 2024, la ONU reiteró públicamente este respaldo legal, lo que convierte la orden judicial en una acción que podría ser calificada como violatoria del derecho internacional.

> La fiscalía de Guatemala cono la fiscalía de Colombia en tiempos de Barbosa, como la fiscalía que apresó al presidente Pedro Castillo, y otras, obedecen al crimen y no a las ciudadanías.Las multinacionales del narcotráfico intentan tomar los poderes judiciales y los gobiernos… https://t.co/rl9lGlaQBJ— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 3, 2025

Una crisis diplomática que podría escalar

Esta no es la primera vez que Guatemala y Colombia se enfrentan por el rol que Iván Velásquez tuvo en la CICIG. Ya en enero de 2023, el Ministerio Público guatemalteco había anunciado investigaciones contra él, lo cual llevó a Petro a advertir que los vínculos diplomáticos podrían verse seriamente afectados. En aquel entonces, la presidencia de Guatemala estaba en manos de Alejandro Giammattei, quien también fue crítico de la CICIG.

Hoy, con nuevos actores en el poder, la historia parece repetirse. La tensión no solo es diplomática, sino también ideológica y jurídica, enfrentando a dos visiones opuestas sobre el papel de la justicia en la lucha contra la corrupción en la región.

El caso que enfrenta a Colombia y Guatemala no es únicamente una disputa entre dos naciones. Representa una encrucijada para la justicia latinoamericana, donde se define si las instituciones responderán a los intereses ciudadanos o si, como denuncia Gustavo Petro, seguirán al servicio del crimen y la impunidad.

En este contexto, la comunidad internacional será clave para mediar y determinar si las acciones de la Fiscalía guatemalteca están dentro del marco legal o si, por el contrario, constituyen un nuevo ejemplo de persecución judicial con motivaciones políticas. El desenlace de este conflicto podría tener implicaciones duraderas para la independencia judicial, los derechos humanos y la cooperación internacional en la región.

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