Nery Ramos: del mando policial a la Junta Directiva 2026-2027

El nombre de Nery Abilio Ramos y Ramos vuelve a colocarse en el centro del debate público por una combinación de factores: su pasado como director general de la Policía Nacional Civil (PNC) y su papel en la conducción del Congreso para el próximo período legislativo.

El Pleno del Congreso eligió la Junta Directiva 2026-2027 el 3 de noviembre de 2025. La presidencia quedó en manos de Luis Alberto Contreras y la primera vicepresidencia para Nery Ramos y Ramos. La directiva electa tomará posesión el 14 de enero de 2026.

Un cargo con peso político en un año de decisiones

Aunque la presidencia del Congreso 2026-2027 no será de Ramos, su puesto como primer vicepresidente lo mantiene en una posición clave dentro de la dirección administrativa y política del Legislativo. Esa relevancia se entiende mejor al ver la continuidad reciente: la X Legislatura también lo reeligió como presidente para el período 2025-2026, lo que consolidó su figura dentro del tablero interno del Congreso.

La integración de la Junta Directiva 2026-2027, según la publicación oficial del Congreso, quedó definida así:

• Presidente: Luis Alberto Contreras

• Primer Vicepresidente: Nery Ramos y Ramos

• Vicepresidencias y secretarías: representantes de distintos bloques legislativos

En términos prácticos, estar en la primera vicepresidencia suele traducirse en capacidad de influencia sobre agenda, gestión parlamentaria y decisiones administrativas que impactan el ritmo político del hemiciclo.

El historial en la PNC: compras, cifras y lecturas encontradas

Ramos asumió como director general de la PNC en septiembre de 2015, juramentado por la entonces ministra de Gobernación Eunice Mendizábal, según reportes de prensa de la época.

Durante su gestión, uno de los hitos más citados es la licitación reportada en octubre de 2017 para adquirir 1,300 vehículos y 1,500 motocicletas para la PNC. La nota señala montos de referencia que rondaban Q294.2 millones en ofertas evaluadas.

Su salida ocurrió el 27 de febrero de 2018, cuando el Ministerio de Gobernación lo removió junto a la cúpula policial. En ese contexto, Ramos afirmó que dejaba una institución con una reducción cercana a 800 homicidios, una cifra que circuló ampliamente en medios, pero presentada como parte de su balance al dejar el cargo.

Otras fuentes periodísticas documentaron matices adicionales: en una entrevista posterior, Ramos habló de reducciones comparativas de homicidios por períodos y de avances institucionales, mientras que en la nota de su destitución se citó un reconocimiento de la Embajada de Estados Unidos a “éxitos sustanciales” de la PNC bajo su liderazgo, incluyendo disminución en homicidios y fortalecimiento de herramientas operativas.

En resumen, su paso por la PNC suele leerse en dos planos: el equipamiento y la narrativa de reducción del crimen, frente a la pregunta de cuánto de ese resultado fue sostenible y atribuible a decisiones estructurales.

De “mano firme” a política: lo que queda por medir

El retorno de su nombre al debate no ocurre solo por nostalgia: en Guatemala, el tema de seguridad se cruza con disputas institucionales y con la expectativa ciudadana de resultados verificables. En ese escenario, su papel en la Junta Directiva 2026-2027 lo coloca en una posición desde la que puede empujar prioridades legislativas o respaldar determinadas rutas políticas, pero también lo expone a una exigencia concreta: que la discusión no se quede en relatos, sino en indicadores y decisiones con trazabilidad.

¿Cuando se evalúa a una figura ligada a seguridad, qué debería pesar más para el país: el recuerdo de “mano firme” o métricas públicas y comparables que permitan medir resultados sin sesgos?