Diputado Samuel Pérez denuncia millonario fraude en semáforos inteligentes de la capital

El diputado Samuel Pérez presentó una denuncia pública sobre la construcción de semáforos inteligentes en la Ciudad de Guatemala, un proyecto que —según sus palabras— costó más de 50 millones de quetzales y terminó lastimando peatones en lugar de resolver el tráfico capitalino.

La denuncia apunta directamente a la administración del alcalde Ricardo Quiñónez y a una red de empresas que, según el legislador, habrían recibido contratos millonarios a cambio de obras de baja calidad.

Tornillos peligrosos en plena vía pública

La denuncia del diputado Pérez comienza con una imagen que muchos capitalinos ya conocen: enormes tornillos metálicos expuestos en medio de las calles, instalados como parte de la infraestructura de los semáforos inteligentes. Estos tornillos no son un detalle técnico menor. Según el legislador, han provocado heridas graves a peatones que caminan por las zonas donde se instalaron.

¿Cómo se quedarían si les digo que los tornillos metálicos expuestos que han provocado heridas graves como estas son un proyecto corrupto de Ricardo Quiñónez por más de 50 millones de quetzales que solo ha servido para lastimar peatones?
— Samuel Pérez, diputado del Congreso de la República

Lo que llamó la atención del diputado no fue solo el peligro físico. Fue la respuesta de la Municipalidad cuando las denuncias se hicieron virales. Según Pérez, la MUNI no optó por solucionar el problema de fondo. En su lugar, improvisó una solución con cinta maría y tubos PVC, un arreglo temporal que no resolvía el riesgo estructural.

Concreto quitado, asfalto puesto: el incumplimiento del contrato

El legislador añade otro detalle técnico que, según su argumento, demuestra negligencia deliberada. El contrato original establecía que las calles debían quedar con concreto después de la instalación de sensores subterráneos. Sin embargo, la municipalidad habría decidido levantar el concreto, instalar los equipos y luego cubrir todo con asfalto, un material más barato.

Uno esperaría que con más de 50 millones de quetzales el trabajo iba a quedar impecable, pero la MUNI decidió incumplir su propio contrato levantando concreto de las calles para instalar sensores y luego cubrir su trabajo mediocre con asfalto en donde se tenía que volver a poner concreto. Decidieron usar un material más barato y quedarse con la ganancia.
— Samuel Pérez

Esa decisión, si se confirma, no sería solo un problema de ingeniería civil. Sería una modificación unilateral del contrato que habría beneficiado económicamente a alguien en la cadena de pagos, a costa de la calidad de la obra pública.

¿Y el tráfico? La promesa incumplida

El argumento de venta original del proyecto era claro: reducir la congestión vehicular en la capital mediante semáforos sincronizados y sensores de tráfico. Según el diputado Pérez, esa promesa no se cumplió.

Lo peor de todo es que el proyecto de los semáforos inteligentes era para reducir el tráfico y ni siquiera eso pudieron hacer bien. No existe evidencia de mejoras en el tráfico y eso lo podemos comprobar todos los días.
— Samuel Pérez

La afirmación es verificable por cualquier persona que transite diariamente por la Ciudad de Guatemala. La congestión en horas pico sigue siendo una constante, incluso en las zonas donde se instalaron los nuevos semáforos.

Corporación Redmask y la red de 313 millones

Aquí es donde la denuncia pasa de una queja técnica a una acusación de corrupción estructural. El diputado Pérez identificó a Corporación Redmask como la empresa ejecutora del proyecto. Según el legislador, no se trata de un proveedor cualquiera.

No son un proveedor cualquiera, es una empresa vinculada con uno de los proveedores favoritos de Quiñónez, Nader Youssef Nasser Sanabria. Esta red empresarial de corrupción ha recibido más de 313 millones en contratos municipales en los últimos años.
— Samuel Pérez

La cifra de 313 millones de quetzales en contratos municipales, si se documenta, convertiría a esta red en uno de los beneficiarios más grandes de la administración Quiñónez. La denuncia sugiere que los semáforos inteligentes no son un caso aislado, sino parte de un patrón.

¿Qué sigue?

La denuncia del diputado Pérez deja una pregunta abierta sobre la fiscalización de los contratos municipales. Si las afirmaciones sobre el incumplimiento del contrato, el uso de materiales de menor calidad y los vínculos empresariales se documentan, el caso podría derivar en una investigación formal ante el Ministerio Público o la Contraloría General de Cuentas.

Mientras tanto, los capitalinos siguen esquivando tornillos en las aceras y atascándose en el mismo tráfico de siempre.