Los 571 despidos de Consuelo Porras: así quedó el MP tras ocho años de gestión

María Consuelo Porras Argueta deja el Ministerio Público de Guatemala tras ocho años al frente de la institución. Su salida no es tranquila: deja atrás 571 despidos registrados entre 2018 y 2025, decenas de denuncias por acoso laboral y una carrera fiscal debilitada. Los datos, obtenidos mediante solicitudes de información pública, pintan un panorama de una institución sometida al interés político de una sola persona.

Los números que deja Consuelo Porras al salir del MP

Los despidos no fueron eventos aislados. Se concentraron en picos alarmantes durante los últimos años de su gestión:

Estas cifras convierten la administración de Porras en el periodo con más destituciones del Ministerio Público en las últimas dos décadas. Los años 2023 y 2025 concentraron casi la mitad de todos los despidos, justo cuando la fiscal general enfrentaba mayor presión política y judicial.

¿Quiénes fueron despedidos y por qué?

Entre las 571 personas destituidas se encuentran profesionales clave para el funcionamiento del MP:

• 275 fiscales encargados de investigar y litigar casos
• Jefes de secciones de desarrollo de personal, licitación, sistema integrado de gestión
• Coordinadores del área legal victimológica y procedimientos disciplinarios
• Personal de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DICRI)
• Empleados de contabilidad, tesorería y oficina de información

Un estudio del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y la Alianza por las Reformas, publicado en 2025, reveló una cifra aún más preocupante: de 105 fiscales destituidos entre 2021 y 2025, solo 20 fueron removidos mediante un proceso disciplinario formal. Los 85 restantes fueron despedidos sin causa justificada documentada.

El ambiente de terror que describen los trabajadores del MP

Testimonios de trabajadores activos y extrabajadores, recabados bajo condición de anonimato, describen un ambiente de zozobra constante en los pasillos del Ministerio Público.

> Los últimos cuatro años han sido una zozobra. Desde que se implementaron los despidos masivos, nadie ha tenido paz. Todo el mundo al que le llaman de la planta del Ministerio Público piensa que lo van a destituir. > > — Trabajador anónimo del MP

Los empleados relatan que fiscales y personas en cargos directivos fueron despedidos después de negarse a firmar un documento de fidelidad a la fiscal general. Los trabajadores no pudieron conservar copia de ese documento ni fotografiarlo: al entrar al despacho de Porras se les prohibía ingresar con celular.

El caso Juan Francisco Sandoval: el despido que marcó un precedente

El 23 de julio de 2021, Juan Francisco Sandoval, entonces jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), fue notificado de su destitución. El motivo oficial: objetar por escrito una instrucción verbal de la fiscal general. En el acuerdo de destitución, al exfiscal se le clasificó como «personal de confianza».

Virginia Laparra, exfiscal de la FECI que pasó por prisión y hoy vive en el exilio, describe la dinámica de Porras con crudeza:

> Ella lo que quiere es vasallos. En el momento en que no quieren hacer todo lo que ella dice, los desecha. Es una dinámica bastante enfermiza. > > — Virginia Laparra, exfiscal de la FECI

Laparra relata que previo al despido de Sandoval, la fiscal general le ofreció a ella el cargo de jefa de la FECI. Cuando se negó, Porras le advirtió: «Si usted no está conmigo, está en contra de mí».

La criminalización como herramienta de control

La estrategia no se limitó a despidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han señalado que durante la gestión de Porras se criminalizó a operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos.

David Gaitán, exmandatario de la CICIG, también criminalizado y hoy en el exilio, resume la estrategia:

> Elimino a quien considero mi enemigo político o quien se opone a mis intereses de poder. > > — David Gaitán, exmandatario de la CICIG

Brenda Guillén, coordinadora de Udefegua, explica que la criminalización bajo Porras se agudizó respecto a administraciones anteriores. Desde la perspectiva de Udefegua, el proceso parte de un discurso de odio, pasa por la estigmatización y la difamación, y culmina en órdenes de captura y detenciones.

¿Qué viene después de Consuelo Porras?

Gabriel García Luna, nombrado por el presidente Bernardo Arévalo, tomará posesión el 17 de mayo de 2026. El nuevo fiscal general enfrenta el desafío de reconstruir una institución que, tras ocho años de gestión de Porras, quedó convertida en herramienta de persecución política en lugar de perseguidora del delito.

La criminalización y los despidos masivos dejaron al MP como una institución sometida al interés político de una sola persona. Revertir ese daño será una tarea que tomará años, no meses.

> Dato clave: En febrero de 2026, una solicitud de información pública sobre las destituciones fue negada por el MP, argumentando que contenía datos personales. La transparencia sobre los despidos sigue siendo un pendiente.