
EE. UU. pide a un juez no modificar sanciones contra Luis Miguel Martínez y el caso sigue en tribunal
Tesoro defiende la designación y plantea que es una decisión ligada a política exterior

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos solicitó a un juez federal en Washington, D. C. que mantenga vigentes las sanciones impuestas a Luis Miguel Martínez Morales, conocido como “Miguelito”, mientras se resuelve la demanda con la que busca salir de la lista de sancionados. La postura oficial quedó planteada en un escrito presentado el 22 de diciembre de 2025 dentro del proceso judicial.
En ese documento, el Gobierno estadounidense sostiene que la designación responde a facultades del Poder Ejecutivo vinculadas a política exterior y seguridad nacional, por lo que pide al tribunal un estándar de revisión limitado y deferente, sin reabrir el fondo de la decisión como si se tratara de un juicio penal.
Qué significa estar en la lista SDN y por qué se invoca la Orden Ejecutiva 13818
Martínez fue incorporado a la lista SDN de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el 1 de diciembre de 2023, bajo la Orden Ejecutiva 13818, asociada al esquema de sanciones Global Magnitsky.
En términos prácticos, una designación de este tipo implica, entre otros efectos generales:
- Bloqueo de bienes e intereses en bienes que estén bajo jurisdicción de EE. UU.
- Restricción para que personas estadounidenses realicen transacciones con la persona sancionada
Estas medidas se enmarcan en acciones de OFAC anunciadas por Tesoro en relación con corrupción pública vinculada a Guatemala, según el comunicado oficial de 2023.
“Información sensible” y revisión reservada: el punto de choque en el litigio
Uno de los elementos que marca el pulso del caso es el manejo de información que no necesariamente se expone en expedientes públicos. En el escrito presentado por el Gobierno se menciona que se someterá un récord administrativo “ex parte” y “in camera”, es decir, para revisión reservada del juez, como respaldo de la decisión de mantener la designación.
En paralelo, el calendario del proceso muestra que el caso sigue activo y con plazos establecidos para la discusión de mociones de juicio sumario, con resoluciones firmadas por la jueza Beryl A. Howell en 2025 y fechas de presentación que se extienden hasta febrero de 2026.
El debate de fondo queda abierto: ¿hasta dónde debe llegar la publicidad del proceso por transparencia y en qué punto pesa más la reserva por razones de seguridad e inteligencia?
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