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El CSU aprueba elecciones con padrones rotos tras denuncia de la Contraloría

El CSU aprueba elecciones con padrones rotos tras denuncia de la Contraloría

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El Consejo Superior Universitario de la USAC acaba de dar un paso que confirma las peores sospechas de la comunidad universitaria. Tras una denuncia formal de la Contraloría General de Cuentas por negarse a convocar elecciones durante años, el CSU aprobó un informe que autoriza procesos electorales con padrones que admiten tener datos perdidos, desactualizados y duplicados.

El informe que lo dice todo: padrones con inconsistencias

Walter Mazariegos, rector de la USAC, enfrenta denuncias de la Contraloría y múltiples amparos por su reelección

El pasado viernes 15 de mayo, el CSU aprobó el Oficio DARH J 140-2026, un documento remitido por tres dependencias clave: el Departamento de Registro y Estadística, la División de Administración de Recursos Humanos (DARH) y la Dirección General de Administración (DIGA).

El texto es contundente en su honestidad involuntaria. Las dependencias afirman que "consideran que es posible cumplir con los procesos administrativos" para eventos electorales, pero inmediatamente agregan una advertencia: los registros digitales pueden presentar "inconsistencias" que incluyen:

  • Información perdida de forma indeterminada
  • Registros desactualizados sin fecha de última actualización conocida
  • Duplicidad de registros académicos que podrían identificar a más de un estudiante por la pérdida de datos

La excusa de siempre: la toma del campus en 2022

El jefe de Registro y Estadística, Bryan Otto Fuentes Paz, argumenta que todo parte de la toma de las instalaciones del campus central en 2022, cuando estudiantes rechazaron el primer fraude electoral de Walter Mazariegos.

Según su versión, durante la toma se extrajeron discos duros y se manipularon archivos físicos, afectando información acumulada durante aproximadamente 30 años. Fuentes Paz admite que es "imposible establecer la última fecha de actualización" de los registros y que se "ignora la cantidad de documentación física extraída".

El problema: esta misma excusa ha sido usada durante más de cuatro años para evitar la renovación de autoridades en facultades, escuelas y centros regionales.

Cuatro años sin elecciones: el negocio del control

Desde la llegada de Mazariegos a la rectoría, el CSU ha evitado sistemáticamente convocar a elecciones. La estrategia ha sido clara:

  1. Mantener decanaturas y juntas directivas con cargos vencidos
  2. Colocar allegados en puestos de dirección sin concursos de oposición
  3. Anular 16 elecciones de cuerpos electorales que cuestionaban su rectorado
  4. Rechazar la participación de opositores y suspender votaciones

El resultado: Mazariegos controla tanto el CSU como las facultades, eliminando cualquier contrapeso institucional.

Contraloría responde con tres denuncias formales contra el CSU

La Contraloría General de Cuentas interpuso al menos tres denuncias contra Mazariegos y miembros del CSU, acusándolos de:

  • Negarse a renovar autoridades pese a resoluciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Corte de Constitucionalidad
  • Modificar normativa universitaria omitiendo preceptos constitucionales
  • Otorgar titularidades a docentes afines sin concursos de oposición que exige la ley

Tanto la CGC como la Procuraduría General de la Nación se han sumado como terceros interesados en los amparos que buscan anular la reelección de Mazariegos.

Colegios excluidos: Arquitectos y Farmacéuticos fuera del proceso

La exclusión de gremios profesionales es otra señal de alerta. El Colegio de Arquitectos y el Colegio de Farmacéuticos quedaron fuera del proceso electoral, limitando la representación de sectores que históricamente han cuestionado la gestión de Mazariegos.

Esta decisión reduce el universo de votantes y refuerza la percepción de que el CSU busca controlar no solo el padrón, sino también quién puede participar.

Los firmantes del informe: ¿cómplices o víctimas?

El documento aprobado por el CSU fue firmado por:

  • Bryan Otto Fuentes Paz, jefe de Registro y Estadística
  • Sully Amibeth Johnson Méndez, jefa del DARH
  • Luis Pedro Ortíz de León, jefe de la DIGA

Curiosamente, el informe que da "luz verde" a las elecciones es el mismo que detalla por qué no se deberían celebrar: registros sin verificar, datos posiblemente manipulados, y una imposibilidad técnica de garantizar la integridad del padrón.

Dos amparos ya suspendieron la reelección de Mazariegos

El timing del informe no es casual. Los Juzgados Décimo Primero y Décimo Quinto Civil ya otorgaron amparos provisionales que suspenden la elección del 8 de abril y su validación por el CSU.

Si los amparos definitivos confirman la anulación, el CSU deberá convocar a nuevas elecciones con garantías reales. El informe de padrones inconsistentes parece preparar el terreno para un nuevo proceso donde el control de la información —y por tanto, de los resultados— siga en manos del mismo equipo.

¿Qué dice la ley? El reglamento que el CSU ignora

El Reglamento de Elecciones de la USAC exige que los padrones electorales cumplan con estándares de calidad y verificación. El propio informe admite que no se puede garantizar esto.

Además, la Ley Orgánica de la USAC establece que los concursos de oposición son obligatorios para titularidades docentes. Mazariegos ha evitado estos concursos para mantener el control de aproximadamente 4 mil plazas docentes.

El costo real: una universidad secuestrada

Mientras el CSU juega a las apariencias, la realidad en la USAC es cruda:

  • El campus central permanece cerrado
  • Miles de estudiantes sin clases presenciales
  • Laboratorios y bibliotecas inaccesibles
  • Facultades intervenidas con autoridades impuestas
  • Procesos electorales anulados o manipulados

El informe de padrones inconsistentes no es una solución. Es una confirmación de que el sistema está diseñado para perpetuar el control, no para garantizar la democracia universitaria.

Lo que viene: una semana decisiva para la USAC

Se espera que en los próximos días la Corte de Constitucionalidad resuelva las apelaciones de los amparos suspendidos por la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo. Si la tendencia de los dos amparos ya otorgados se mantiene, la elección del 8 de abril quedará anulada.

El CSU tendría entonces dos opciones: convocar a un proceso electoral limpio con padrones verificables, o seguir usando la excusa de los datos perdidos para mantener el statu quo.

La comunidad universitaria observa. Y la Contraloría, junto con la PGN, está atenta.

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