Consuelo Porras deja el MP con más de 571 despidos y denuncias de acoso

María Consuelo Porras Argueta de Porres no figuró en ninguna de las nóminas de candidatos para fiscal general en las elecciones de 2026. Con su mandato llegando a su fin, se estima que dejará el Ministerio Público como una institución desmantelada: con la carrera fiscal debilitada, decenas de personas criminalizadas y un registro de 571 despidos entre 2018 y 2025, muchos de ellos sin causa justificada.

¿Cuántos trabajadores despidió Consuelo Porras del MP?

Durante sus ocho años de gestión, el Ministerio Público despidió a 571 trabajadores. Los años con mayor número de destituciones fueron 2023, con 135 despidos, y 2025, con 110. Los datos, obtenidos a través de solicitudes de información pública, demuestran que en los últimos 20 años, los picos más altos de despidos ocurrieron precisamente durante la administración de Porras.

Entre las 571 personas despedidas se encuentran jefes de secciones de desarrollo de personal, eventos de cotización y licitación, sistema integrado de gestión, oficina de información, evaluación, contabilidad y tesorería. También fueron destituidos coordinadores del área legal victimológica, procedimientos disciplinarios, recopilación de datos de campo, sistema y comunicaciones, desarrollo y producción, y la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DICRI).

Casi la mitad de las personas despedidas —275 en total— eran personal fiscal encargado de investigar y litigar casos. En febrero de 2026, una solicitud de información pública sobre las destituciones fue negada por el MP, argumentando que contenía datos personales.

¿Cuántos fiscales fueron despedidos sin causa justificada?

Un estudio del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y la Alianza por las Reformas, realizado en 2025, arrojó cifras contundentes: de 105 fiscales destituidos entre 2021 y 2025, solo 20 fueron removidos a través de un proceso disciplinario formal. Los 85 restantes fueron despedidos sin causa justificada.

En lugar de estos profesionales, Porras colocó a personas afines a ella en puestos clave dentro del Ministerio Público, consolidando un control político sobre la institución que debía ser independiente.

¿Qué denuncian los trabajadores del MP sobre acoso laboral?

Testimonios de cuatro trabajadores activos y dos extrabajadores, recabados bajo condición de anonimato, revelan un ambiente de terror constante en los pasillos del MP. Los empleados relatan que fiscales y personas en cargos directivos fueron despedidos después de negarse a firmar un documento de fidelidad a la fiscal general Porras.

Los trabajadores no pudieron conservar copia de ese documento ni fotografiarlo, ya que al entrar al despacho de la fiscal general se les prohibía ingresar con celular.

> Los últimos cuatro años han sido una zozobra. Desde que se implementaron los despidos masivos, nadie ha tenido paz. Todo el mundo al que le llaman de la planta del Ministerio Público piensa que lo van a destituir.

Los empleados también refieren que oponerse a una instrucción o simplemente cuestionarla se convirtió en causa de despido. Algunas instrucciones, según los testimonios, se apartaban de los resultados técnicos de investigaciones y buscaban perjudicar o beneficiar a determinadas personas según lo dispusiera la fiscal general.

¿Cómo fue el despido de Juan Francisco Sandoval?

El 23 de julio de 2021, Juan Francisco Sandoval, entonces jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), fue notificado de su destitución. El motivo: objetar por escrito una instrucción verbal de la fiscal general. En el acuerdo de destitución, al exfiscal se le clasificó como «personal de confianza».

Virginia Laparra, exfiscal de la FECI que pasó por prisión y hoy vive en el exilio, describe la dinámica de Porras con crudeza:

> Ella lo que quiere es vasallos. En el momento en que no quieren hacer todo lo que ella dice, los desecha. Es una dinámica bastante enfermiza.

Laparra relata que previo al despido de Sandoval, la fiscal general le ofreció a ella el cargo de jefa de la FECI. Cuando se negó, Porras le advirtió: «Si usted no está conmigo, está en contra de mí». A partir de ahí, según Laparra, se desató la criminalización en su contra.

¿Cuál es el legado de criminalización de la gestión de Porras?

La criminalización durante la administración de Porras no se limitó al interior del MP. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han señalado que durante su gestión se criminalizó a operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos y del territorio, y opositores políticos.

David Gaitán, exmandatario de la CICIG, también criminalizado y hoy en el exilio, resume la estrategia: «Elimino a quien considero mi enemigo político o quien se opone a mis intereses de poder».

Brenda Guillén, coordinadora de Udefegua, explica que la criminalización bajo Porras se agudizó respecto a administraciones anteriores. Desde la perspectiva de Udefegua, el proceso parte de un discurso de odio, pasa por la estigmatización y la difamación, y culmina en órdenes de captura y detenciones arbitrarias.

¿Qué deja Consuelo Porras al finalizar su gestión?

Gabriel García Luna, nombrado por el presidente Bernardo Arévalo, tomará posesión el 17 de mayo de 2026. Porras se irá del Ministerio Público dejando una institución donde:

• 571 trabajadores fueron despedidos, muchos sin causa justificada.
• 85 fiscales de 105 destituidos entre 2021 y 2025 no tuvieron proceso disciplinario.
• El ambiente laboral se caracterizó por el acoso, la exigencia de fidelidad personal y la persecución de quienes se opusieran.
• Decenas de personas fueron criminalizadas por investigar corrupción o criticar la gestión.
• Las fiscalías clave fueron desarticuladas y llenadas de personas afines a la fiscal saliente.

La criminalización y los despidos masivos dejaron al MP como una institución sometida al interés político de una sola persona.

— @AlianzaRgt 8 de mayo de 2026

La llegada de García Luna enfrenta el desafío de reconstruir una institución que, tras ocho años de gestión de Porras, quedó convertida en herramienta de persecución política en lugar de perseguidora del delito.