Colegio de Abogados cuestiona el “sueldazo” de los diputados y pide recorte del 50 %

Gremio señala desconexión entre salario y trabajo legislativo

El Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) emitió un pronunciamiento en el que cuestiona el nivel de ingresos de los diputados y lo contrasta con la productividad que perciben en el Congreso.
Según el gremio, varios legisladores utilizan el hemiciclo “como sala de paso”: llegan, comen, permanecen poco tiempo en el recinto y se retiran, mientras reformas de fondo siguen sin avanzar y la imagen institucional continúa deteriorada.

De Q24 mil a más de Q61 mil: el salto que generó rechazo

El aumento aprobado este año elevó los ingresos de los congresistas de Q24,150 a Q61,300 mensuales.
Para el Colegio de Abogados, este incremento resulta desproporcionado frente a la realidad económica del país, al costo de vida que enfrentan la mayoría de trabajadores y al ritmo de trabajo que la ciudadanía observa en el Legislativo.
El señalamiento central es que la remuneración de un diputado se ha colocado muy por encima de la de otros profesionales universitarios que también sostienen el funcionamiento del Estado.

Propuesta del CANG: que devuelvan la mitad del salario

En una comunicación dirigida a la Presidencia del Congreso, el CANG pidió que los diputados devuelvan el 50 % de su salario como gesto de responsabilidad y coherencia con la situación fiscal y social del país.
El planteamiento apunta a que las dietas y sueldos de los legisladores deberían acercarse a los ingresos de profesionales especializados, y no situarse en un rango privilegiado sin una exigencia clara de resultados medibles para la población.

Beneficios adicionales y poco avance en la agenda de fondo

El Colegio recordó que, además del salario, los diputados disponen de personal de apoyo, recursos logísticos y otros beneficios para desarrollar su labor.
A pesar de ello, organizaciones y analistas han calificado el desempeño reciente como limitado: escaso avance en reformas estructurales, sesiones con baja asistencia y prioridades legislativas que no siempre responden a las demandas ciudadanas.
Para el gremio, el aumento salarial aprobado en ese contexto envía un mensaje equivocado sobre el uso de los recursos públicos.

Presión ciudadana y expectativa hacia 2026

El pronunciamiento del CANG se suma a reclamos de diversos sectores que cuestionan el costo del aparato estatal y la distancia entre lo que gana un funcionario y lo que enfrenta la mayoría de la población en materia de ingresos, empleo y servicios.
La atención se concentra ahora en lo que suceda a partir de 2026: si el Congreso abrirá la puerta a revisar el tema salarial y los mecanismos de rendición de cuentas, o si el debate quedará archivado como una nueva polémica sin cambios concretos.

¿Creés que ajustar el sueldo de los diputados a niveles similares al de otros profesionales universitarios ayudaría a ordenar el uso de recursos públicos, o el verdadero problema está en la falta de transparencia y de rendición de cuentas por cada quetzal que reciben?