Caso Pacheco y Chaclán cambia de juez: Fredy Orellana queda fuera y Mynor Moto toma el control

La justicia guatemalteca dio un nuevo giro en el proceso penal contra los exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán. Este jueves 21 de mayo de 2026, la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal resolvió aceptar la excusa presentada por el juez Fredy Orellana y trasladar el expediente al Juzgado Tercero Penal, a cargo del juez Mynor Moto. La decisión vuelve a encender las alarmas sobre la independencia judicial en un caso que ya acumula más de 370 días de prisión preventiva.

¿Por qué el caso deja las manos de Fredy Orellana?

El juez séptimo penal, Fredy Orellana, presentó una excusa formal para no continuar conociendo el proceso contra Luis Pacheco y Héctor Chaclán. La Sala Tercera de Apelaciones, presidida por la jueza Alejandra Prado, acogió el argumento y ordenó el traslado del expediente.

Orellana es una figura controvertida dentro del sistema de justicia guatemalteco. Ha sido sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por acciones consideradas contrarias al orden democrático. Su participación en la cancelación del partido Semilla en 2023 y su rol en procesos contra operadores de justicia y periodistas lo convirtieron en uno de los jueces más cuestionados del país.

El equipo legal de los procesados no ocultó su preocupación por la forma en que se manejó la salida de Orellana:

"Es lamentable que la Sala no respete el orden de asignación de los jueces; al parecer, están asignando jueces a medida. Sin embargo, lo que esperamos es que el proceso siga su curso y avancemos, pues lleva mucho tiempo sin ningún avance procesal."

Mynor Moto: otro juez sancionado asume un caso de alto impacto

El nuevo juzgador asignado, Mynor Moto, deberá programar la audiencia de etapa intermedia para Pacheco y Chaclán. Al igual que Orellana, Moto figura en la lista de jueces sancionados internacionalmente, lo que ha generado rechazo entre organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores de la sociedad civil.

La designación de Moto para este expediente no pasó desapercibida. El Observatorio de la Red Internacional de Información sobre Guatemala (RICIG) alertó públicamente sobre las implicaciones de entregar un caso vinculado al paro nacional de 2023 a un magistrado con antecedentes cuestionados:

🚨⚖️ El juez sancionado Mynor Moto fue designado para conocer el proceso penal contra los dirigentes de los 48 Cantones, Luis Pacheco y Héctor Chaclán. 📄 La designación de Moto vuelve a encender las alarmas sobre el uso de jueces cuestionados en casos de persecución y criminalización en Guatemala. 🇬🇹

— Ricigt (@Ricigt1) May 21, 2026

Más de un año encarcelados: la larga espera de Pacheco y Chaclán

Luis Pacheco y Héctor Chaclán fueron arrestados el 23 de abril de 2025, en el contexto de las manifestaciones pacíficas que en octubre de 2023 defendieron los resultados de las elecciones presidenciales. Desde entonces, permanecen en prisión preventiva en la cárcel del Mariscal Zavala.

Ambos exautoridades indígenas enfrentan cargos de terrorismo y asociación ilícita. Amnistía Internacional los designó como "presos de conciencia" en mayo de 2025, exigiendo su "inmediata e incondicional liberación" y calificando su detención como un castigo arbitrario por ejercer su derecho a protestar.

La investigadora de Amnistía Internacional, Adeline Neau, denunció que el proceso carece de los mínimos estándares de debido proceso. La defensa, liderada por el abogado Juan Castro, ha señalado que el caso acumula meses sin un juez natural estable debido a las constantes recusaciones promovidas por la Fundación contra el Terrorismo, lo que ha impedido que se celebre la audiencia de etapa intermedia.

¿Qué sigue ahora para los exdirigentes de los 48 Cantones?

Con el traslado al juzgado de Mynor Moto, el siguiente paso procesal sería la programación de la audiencia de etapa intermedia, donde se definirá si el caso procede a juicio oral y público. Sin embargo, la historia reciente alimenta el escepticismo: cada vez que el proceso parecía avanzar, una nueva recusación o un cambio de juzgado lo devolvía al punto de partida.

El caso Pacheco y Chaclán se ha convertido en un símbolo de la tensión entre el sistema de justicia y los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala. Organismos internacionales, autoridades ancestrales y colectivos de derechos humanos mantienen la presión por una resolución que respete el debido proceso y ponga fin a lo que consideran una criminalización selectiva de la protesta social.

Mientras tanto, dos líderes que participaron en la defensa de la democracia siguen tras las rejas, esperando que un juzgador les permita finalmente exponer su versión en una sala de audiencias.