Arévalo endurece críticas al MP tras captura de exdirigente de 48 Cantones

La captura de Basilio Bernardo Puac García, exvicepresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, reactivó el choque entre el Ejecutivo y el Ministerio Público (MP). El presidente Bernardo Arévalo calificó la detención como un “ataque infundado y desesperado” contra la democracia y los pueblos indígenas, y afirmó que a quienes impulsan estas acciones “se les acaba el tiempo”.

Puac fue detenido el 14 de enero de 2026 en Patzicía, Chimaltenango, mientras atendía su negocio, según reportes periodísticos.

El caso y su vínculo con las protestas de 2023

De acuerdo con la cobertura del caso, Puac fue uno de los rostros visibles de las movilizaciones de octubre de 2023 convocadas por autoridades indígenas en defensa de los resultados electorales.

Sobre los motivos legales, una defensora vinculada al caso señaló que se le atribuyen delitos como asociación ilícita, obstrucción a la justicia, obstaculización a la acción penal, sedición y terrorismo. Al mismo tiempo, en esa nota se indicó que no había respuesta oficial del MP y la PNC al cierre de publicación sobre los detalles del expediente.

Respuesta del MP y el nuevo pulso institucional

Tras el mensaje presidencial, el MP rechazó los señalamientos y cuestionó que el mandatario se pronuncie sobre un proceso penal “aún en desarrollo”. También lo instó a enfocar esfuerzos en el combate a la delincuencia y en acciones para reducir la violencia y criminalidad, y recordó que la investigación se mantiene bajo reserva.

Reacción de 48 Cantones y exigencia de transparencia

Los 48 Cantones condenaron la captura, pidieron respeto a la integridad de Puac y demandaron que el caso se maneje con claridad. En pronunciamientos citados por prensa, la organización afirmó que el proceso tiene una lectura de represalia y “venganza política”.

En el fondo, el episodio vuelve a colocar una pregunta de alto impacto para 2026: cómo se investigan y judicializan hechos ligados a protesta social sin agravar la desconfianza institucional.

¿Este caso se entenderá como aplicación estricta de la ley o como una señal de escalada política que profundiza la polarización?