Arévalo atribuye la ola de violencia a intentos de desestabilización

El mensaje presidencial y la decisión de mantener a Gobernación

El 10 de marzo de 2025, el presidente Bernardo Arévalo afirmó que la reciente ola de hechos violentos estaría vinculada a ataques dirigidos contra su gobierno y planteó que podría tratarse de acciones “provocadas intencionalmente” por sectores corruptos para generar ingobernabilidad y desacreditar a las autoridades. En ese marco, dijo que trabajan en una respuesta coordinada y aclaró que no había considerado pedir la renuncia del ministro de Gobernación.

Antecedentes que alimentan el debate sobre seguridad y “crisis inducida”

El discurso de “desestabilización” no aparece aislado. El 14 de diciembre de 2025, Arévalo declaró estado de prevención por 15 días en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán (Sololá) tras ataques armados, bloqueos y secuestro de buses que dejaron al menos cinco fallecidos; el mandatario sostuvo entonces que estructuras criminales buscaban forzar la salida de las fuerzas de seguridad para tomar control territorial.

En paralelo a la violencia, Arévalo también ha advertido de presiones institucionales. En octubre de 2025 denunció una estrategia para desestabilizar a su administración impulsada por actores corruptos, en un contexto de choques con el Ministerio Público y otros sectores del sistema.

La discusión pública se mueve entre dos preguntas: si existe una coordinación política-criminal detrás de episodios violentos, y si el gobierno está presentando resultados verificables que sustenten esa lectura. La presión por gestión en seguridad también ha tenido costos internos: en octubre de 2025 Arévalo aceptó la renuncia del ministro de Gobernación Francisco Jiménez tras el escándalo por la fuga de 20 integrantes del Barrio 18 de una prisión de máxima seguridad.

• Lo dicho por el Ejecutivo: la violencia puede buscar ingobernabilidad y descrédito institucional

• Lo que exige evidencia: patrones, responsables, financiamiento y resultados operativos que confirmen esa hipótesis

• Lo que sigue abierto: si el enfoque será más operativo (capturas, control territorial, cárceles) o también político-judicial (responsabilidades y redes)

¿La tesis de “desestabilización” ayuda a explicar lo que pasa, o termina siendo un argumento que necesita más pruebas y metas públicas para no quedarse en discurso?