Villagrán exige al MP centrarse en víctimas y cuestiona a Consuelo Porras

Declaraciones en medio de una crisis de seguridad y motines carcelarios

La diputada Andrea Villagrán elevó sus críticas contra la fiscal general Consuelo Porras y pidió que el Ministerio Público enfoque la persecución penal en la ley y en las víctimas de la violencia, en un momento en que el país enfrenta una escalada de hechos vinculados a pandillas y al sistema penitenciario.

El pronunciamiento ocurre tras los motines simultáneos en tres cárceles y la toma de rehenes de guardias penitenciarios, hechos que detonaron una serie de ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Estado de sitio por 30 días y cifras de policías fallecidos

reportadas por distintos medios

El 18 de enero de 2026, el presidente Bernardo Arévalo decretó estado de sitio por 30 días como respuesta a la violencia atribuida a estructuras criminales, medida que implica restricciones a ciertos derechos y busca ampliar las capacidades de seguridad para enfrentar a estos grupos.

Sobre el saldo de agentes fallecidos, los reportes han variado por actualización de casos y heridos que murieron después: Reuters informó que la cifra subió a nueve policías, mientras otros medios han reportado hasta diez tras los ataques del 18 de enero.

El trasfondo político y la discusión sobre el rol del MP

En el debate público, desde el Ejecutivo se ha señalado que la respuesta penal debe apuntar a delitos más graves vinculados a estas estructuras, mientras sectores insisten en que cualquier acusación debe sostenerse con evidencia sólida para evitar procesos débiles que se caigan en tribunales. En paralelo, el Gobierno ha enmarcado la ofensiva como parte de un choque con redes criminales y sus intereses alrededor de decisiones judiciales.

En ese contexto, la crítica de Villagrán reaviva una disputa de fondo: si el problema principal es de herramientas legales, coordinación entre instituciones o decisiones de persecución penal dentro del Ministerio Público.

¿Creés que el país necesita cambios legales para perseguir mejor a estas estructuras, o lo urgente es mejorar la coordinación y la voluntad institucional para llevar los casos hasta sentencia?