Solicitan antejuicio contra Consuelo Porras y apuntan a “falta de acción” tras ataques a la PNC

Qué se presentó y quiénes lo impulsan

Organizaciones civiles identificadas como Revolución Gremial y Transparencia y Cambio, acompañadas por exintegrantes de la Policía Nacional Civil (PNC), informaron que presentaron una solicitud de antejuicio contra la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, ante el Organismo Judicial.

El anuncio se realizó en las afueras de la Torre de Tribunales y se enmarca en el ambiente de presión institucional tras los hechos de violencia contra agentes policiales reportados el 18 de enero de 2026.

Cuál es el argumento central

Según lo expuesto por representantes de los grupos, la petición se basa en la presunta falta de respuesta efectiva del MP frente a los ataques armados contra agentes y en cuestionamientos sobre la conducción de investigaciones vinculadas a esos hechos.

En el pronunciamiento público también se mencionó el caso de Harold Salguero, conocido como “Liro Rebelde”, como ejemplo de lo que consideran una línea de investigación incompleta, y se afirmó que el objetivo es que se determine si existió incumplimiento de deberes.

Qué significa “antejuicio” y qué sigue en la ruta

En Guatemala, el antejuicio es una garantía ligada al cargo: impide que una autoridad con ese derecho sea detenida o sometida a procedimiento penal sin que antes exista una declaratoria de “ha lugar a formación de causa” por la autoridad competente.

La ley establece que el antejuicio puede originarse por denuncia o querella y que su trámite busca filtrar señalamientos para evitar su uso por motivos ajenos a un hecho delictivo. En la práctica, la solicitud abre una fase preliminar antes de cualquier decisión de fondo sobre si procede o no retirar la inmunidad.

Con el país todavía bajo alta tensión por seguridad, el expediente se convierte en otro punto de fricción entre exigencias de resultados y el funcionamiento formal de los procesos judiciales.

Pregunta para cerrar: ¿Este tipo de acciones fortalece la rendición de cuentas o termina profundizando el choque institucional cuando la prioridad pública es reducir la violencia?