
Samuel Pérez denuncia que diputados vendieron el país al Cacif en ley de alianzas
¿Qué denunció Samuel Pérez sobre la votación de la ley de alianzas público-privadas?
El diputado Samuel Pérez lanzó una contundente acusación contra un sector del Congreso tras la discusión de las reformas a la ley de Alianzas Público-Privadas. El legislador aseguró que un grupo de diputados "se pusieron de alfombra" ante el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) al aprobar la participación del sector privado en la Comisión Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Conadie).
La votación, que se extendió por más de 20 horas de sesión, dejó al descubierto las divisiones internas del Legislativo y evidenció, según Pérez, cómo algunos legisladores responden a los intereses del poderoso sector empresarial guatemalteco en lugar de defender los intereses del Estado.
¿Por qué el oficialismo perdió el pulso para sacar al Cacif de la Conadie?
El debate se centró en el artículo que define la integración de la Junta Directiva de la Conadie. El oficialismo buscaba excluir al Cacif de esta instancia, argumentando que representa un conflicto de interés que las mismas personas que deciden la distribución de proyectos sean quienes posteriormente los reciban.
Sin embargo, la mayoría del Congreso rechazó esta propuesta y mantuvo al sector privado representado por el Cacif dentro del consejo. Para Samuel Pérez, esta decisión fue una muestra clara de sumisión:
"Se pone en evidencia a un grupo de diputados vendidos, se pusieron de alfombra. Están dejando en la directiva de esto al Cacif, esto es ridículo, es igual a cuando un marero presentó un amparo a la ley antimaras."
La también oficialista Andrea Reyes respaldó la postura de Pérez y cuestionó la integración del sector privado en la Junta Directiva: "En la Junta Directiva de una entidad que va a distribuir proyectos, no pueden decidir las mismas personas que van a recibir los proyectos, hay un conflicto de interés que el Cacif esté integrando esta Junta Directiva".
¿Qué argumentaron los defensores de mantener al Cacif en la Conadie?
Desde el bloque Vamos, el diputado Ronalth Portillo defendió la presencia del sector privado y calificó los argumentos del oficialismo como ideológicos más que técnicos. Portillo aseguró que la propuesta de eliminar al Cacif destruiría la participación del sector privado en el desarrollo del país:
"No hace sentido tener una ley así, destruyendo a sector privado. Su ideología no les deja ver más allá del desarrollo de una nación, lo tiene bloqueado, destruido y lo están sacando."
Por su parte, el diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, defendió al sector privado y cuestionó a los oficialistas. Estrada señaló que tanto Pérez como Reyes habían participado en las discusiones previas de la iniciativa y que incluso habían dejado más votos a favor del sector privado en versiones anteriores:
"Ellos dictaminan y firman donde dejan al Cacif, inclusive dejan más votos a favor del sector privado. Lo que nosotros hicimos fue priorizar y dejar la institucionalidad hasta ahora, pero con su voto y firma confirman una estructura, y ahora con mucha indignación plantean lo contrario."
¿Qué respondió Samuel Pérez a las acusaciones de Julio Héctor Estrada?
Samuel Pérez no se quedó callado ante las palabras de Estrada. El diputado le recordó que el presidente de la Comisión de Finanzas aún tiene en sus manos sin dictaminar la iniciativa del Presupuesto 2026, insinuando que podría existir un conflicto de interés por parte de Estrada:
"El Cacif se enojó porque no nos ponemos de alfombra ante ellos ni nos prestamos a sus chantajos. Dicen que el Estado es ineficiente, pero la verdad es que todos los gobiernos pasan, pero Cacif siempre se queda."
Pérez aseguró que su postura no responde a caprichos ideológicos, sino a la defensa de los recursos del Estado y la transparencia en la asignación de proyectos de infraestructura.
@ClarOscuroNews: Hoy un grupo de diputados traidores vendieron el país a CACIF, dijo el diputado Samuel Pérez. 19 de noviembre de 2025
— ClarOscuro Noticias. (@ClarOscuroNews)
¿Qué otros temas aprobó el Congreso durante la maratónica sesión?
Tras la pausa en la discusión del artículo 9 de la ley de alianzas público-privadas —debido a la falta de quorum, ya que no había los 107 diputados mínimos requeridos—, el Legislativo continuó con una extensa agenda que incluyó:
- Correcciones al Presupuesto 2025: se modificaron los nombres de dos organizaciones no gubernamentales que tenían errores de redacción, lo que impedía que recibieran sus fondos asignados. Se trata de la Plataforma de Mujeres Indígenas (Q3 millones) y el Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ixwa (Q5 millones).
- Reforma a la Ley Contra la Delincuencia Organizada: se añadieron delitos como hurto de fluidos, robo de fluidos, atentado contra servicios de utilidad pública, violación, actividades sexuales remuneradas con menores, femicidio y reclutamiento de menores.
- Reforma a la Ley Antipandillas: se incorporó un párrafo que permite al Estado obviar los procesos de la Ley de Compras y Contrataciones para fortalecer centros de privación de libertad.
- Subsidio para damnificados por sismos: se aprobó un subsidio temporal de entre Q10 mil y Q70 mil para dueños de viviendas afectadas por los sismos del año, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social.
¿Qué implicaciones tiene la participación del Cacif en la Conadie?
La decisión de mantener al Cacif dentro de la Junta Directiva de la Conadie abre un debate sobre el equilibrio entre el sector privado y el interés público en los proyectos de infraestructura. Para los críticos, esto representa un conflicto de interés estructural: el mismo sector que decide qué proyectos se ejecutan será el que posteriormente los contrata y ejecuta.
Para los defensores, la participación del Cacif garantiza la viabilidad técnica y financiera de los proyectos, aprovechando la experiencia del sector empresarial. La pregunta que queda es si esta estructura beneficiará al país o si consolidará un modelo donde los intereses privados priman sobre las necesidades públicas.
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