
Salario mínimo 2026: VOS cuestiona el ajuste frente al alza de la canasta
El aumento al salario mínimo que entrará en vigor el 1 de enero de 2026 abrió un nuevo choque político en el Congreso: mientras el Ejecutivo lo presenta como una medida para fortalecer el poder adquisitivo, la bancada VOS —con pronunciamientos del diputado Aldo Dávila— advierte que el alza puede quedar neutralizada si el costo de vida sigue subiendo.
Los porcentajes y montos aprobados para 2026

El ajuste decretado establece incrementos diferenciados por actividad económica: 7.5% para el sector no agrícola, 5.5% para el agrícola y 4% para exportadora y maquila.
Con la bonificación incentivo incluida, los salarios mínimos mensuales quedan así:
- departamento de Guatemala (circunscripción 1): no agrícola Q4,252.28; agrícola Q4,041.20; exportadora y maquila Q3,659.73
- resto del país (circunscripción 2): no agrícola Q4,066.90; agrícola Q3,875.89; exportadora y maquila Q3,471.10
En su explicación, el Ejecutivo vinculó la decisión al análisis técnico de la Comisión Nacional del Salario y a variables económicas como inflación, empleo formal y desempeño productivo.
La crítica: cuando el aumento no alcanza para “lo básico”
La bancada VOS llevó el tema al terreno más sensible: la comparación directa entre ingreso mínimo y costo de alimentación y necesidades esenciales. En una citación en el Congreso, solicitó al INE estimaciones para un hogar de cinco integrantes, y allí se expusieron cifras de noviembre de 2025:
- canasta básica alimentaria por persona: Q926.32 (urbana) y Q715.60 (rural)
- canasta básica alimentaria para familia de cinco: Q4,631.60 (urbana) y Q3,578.00 (rural)
- canasta ampliada para familia de cinco (urbana): Q11,213.05
Esa comparación alimenta el argumento central: incluso el salario no agrícola más alto (en el departamento de Guatemala) queda por debajo del cálculo urbano de canasta básica alimentaria para una familia de cinco si solo un integrante trabaja.
Qué está pidiendo el bloque y dónde se puede trabar el debate
En la misma discusión legislativa, se reclamó que el control de precios y la fiscalización al consumidor tengan un papel más visible. La citación incluyó también a la Diaco, con peticiones de verificación de alzas y medidas para evitar incrementos sin justificación y para asegurar que los precios bajen cuando pase la temporada de alta demanda, bajo advertencias de posible especulación.
En paralelo, el debate se mueve entre dos riesgos:
- que un ajuste insuficiente deje intacta la pérdida de poder adquisitivo en hogares de un solo ingreso
- que un ajuste mayor sea rechazado por sectores productivos por impacto en costos, formalidad y empleo
¿El aumento aprobado para 2026 será un alivio real en los hogares o terminará absorbido por los precios si no hay acciones efectivas para contener el costo de la canasta?
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