SAAS aclara gastos de seguridad de la familia presidencial en Guatemala

La Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) emitió un comunicado oficial este sábado 9 de mayo de 2026 para aclarar los gastos destinados a la protección de la familia presidencial. La entidad subrayó que tiene la obligación legal de garantizar permanentemente la seguridad del presidente, la vicepresidenta y sus respectivas familias, según el Decreto Número 50-2003 del Congreso de la República.

¿Qué dijo la SAAS sobre los gastos de seguridad presidencial?

La SAAS indicó que incumplir la obligación de protección es incumplir la ley. La entidad argumentó que los gastos reportados no deben interpretarse como asignaciones personales a los miembros de la familia presidencial, sino como recursos destinados a las comitivas de seguridad que se encargan de la protección y movilización de los sujetos protegidos.

Según la SAAS, la información que circula omitiendo los estándares de funcionamiento genera confusiones que exponen indebidamente a las personas mencionadas.

¿Cuántos agentes de seguridad tiene asignada la familia presidencial?

La SAAS detalló que la familia presidencial cuenta con una comitiva de seguridad que trabaja por turnos para cubrir a los diferentes miembros de dos unidades familiares. Cada una de estas unidades tiene asignados ocho agentes de seguridad.

Estos agentes se movilizan en cada cambio de turno entre la Ciudad de Guatemala y dos departamentos del occidente del país, lo que implica desplazamientos constantes para garantizar la protección las 24 horas del día.

¿Cuál es el consumo diario de combustible por vehículo de seguridad?

Tomando en cuenta los viajes semanales de los agentes, la SAAS calculó que el consumo por día es de aproximadamente Q83 por vehículo. La entidad comparó estos gastos con los reportados para familias presidenciales en administraciones previas y aseguró que los montos actuales son menores.

¿Qué dice la ley sobre la protección de la familia presidencial?

El marco legal que sustenta la obligación de la SAAS es el Decreto Número 50-2003, emitido por el Congreso de la República. Esta normativa establece que la Secretaría debe garantizar la seguridad permanente no solo del presidente y la vicepresidenta en ejercicio, sino también de sus respectivas familias.

La SAAS subrayó que esta obligación no es discrecional: la Ley de la SAAS debe cumplirse y cualquier incumplimiento constituye una violación legal.

¿Por qué generó polémica la información sobre los gastos de seguridad?

En días recientes circularon versiones sobre supuestos gastos excesivos en seguridad y combustible vinculados a la familia del presidente Bernardo Arévalo. La SAAS salió al paso para desmentir cifras erróneas y contextualizar los montos dentro de los estándares operativos de protección presidencial.

La entidad advirtió que la difusión de información incompleta o fuera de contexto pone en riesgo la seguridad de las personas protegidas, al exponer detalles que pueden ser malinterpretados por la opinión pública.

La SAAS aclara que el gasto en seguridad de la familia presidencial obedece a estándares legales y que el consumo diario es de aproximadamente Q83 por vehículo.

— @CanalAntigua 9 de mayo de 2026

¿Qué otros temas aborda la SAAS en su comunicado?

Además de los gastos de seguridad, la SAAS reiteró que los vehículos y montos de gasolina no están asociados a personas específicas, sino a las comitivas de seguridad que operan por turnos. Este sistema de rotación permite cubrir las necesidades de protección de dos unidades familiares simultáneamente, con desplazamientos regulares entre la capital y departamentos del occidente.

La Secretaría concluyó pidiendo que la información sobre gastos de seguridad presidencial sea analizada considerando los estándares de funcionamiento establecidos por ley, y no a partir de cifras aisladas que pueden generar interpretaciones erróneas.

La polémica sobre los gastos de seguridad de la familia presidencial resalta la tensión entre la transparencia gubernamental y la protección de información sensible relacionada con la seguridad personal de las autoridades de Estado.