
“Quiero justicia”: El Lobo denuncia a exministro Francisco Jiménez
Tras perder su inmunidad, el exfuncionario enfrenta una nueva acusación desde prisión
El exministro de Gobernación Francisco Jiménez suma un nuevo episodio a su ya complicada situación legal. El pasado 23 de octubre quedó sin inmunidad, lo que abrió la puerta a que el Ministerio Público reabra investigaciones en su contra. Apenas días después, una nueva denuncia llegó a los tribunales, esta vez presentada por un personaje conocido dentro del sistema penitenciario: Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “El Lobo”.
Ochoa acusa a Jiménez de haber ordenado su traslado a la cárcel de máxima seguridad Renovación I, decisión que —según él— violó sus derechos como privado de libertad. Desde prisión, afirmó que la medida fue arbitraria y que busca justicia por lo que considera un abuso de poder cometido mientras Jiménez ocupaba el cargo.
El Ministerio Público deberá decidir si la denuncia avanza o queda
archivada

Con la pérdida de inmunidad, el proceso ya no requiere de procedimientos especiales. El expediente fue trasladado a la unidad de Gestión Penal y al Ministerio Público, que ahora debe determinar si la denuncia cumple con los requisitos formales para avanzar. Según fuentes judiciales, todavía se realiza el rastreo interno para confirmar su recepción oficial.
En caso de prosperar, esta se convertiría en la tercera orden judicial contra el exministro, quien ya enfrenta dos procesos previos relacionados con su gestión en la cartera de Gobernación. Hasta el momento, Jiménez no ha emitido declaraciones públicas sobre esta nueva acusación.
Un sistema judicial presionado por la desconfianza
El caso reaviva la desconfianza generalizada en el sistema judicial guatemalteco. Mientras algunos consideran que se trata de un intento legítimo de responsabilizar a exfuncionarios por decisiones abusivas, otros lo ven como un acto de revancha o un ajuste de cuentas entre grupos de poder.
En un país donde muchos casos se pierden en el laberinto burocrático o son archivados sin consecuencias, la pregunta es inevitable:
¿Avanzará esta denuncia como parte de una justicia real o quedará enterrada entre expedientes olvidados?
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