
Q2,500 y una patrulla: MP coordina captura de cinco agentes de la PNC por presunto cobro indebido en zona 6
La denuncia: un alto en un semáforo y la exigencia de dinero para “evitar” el procedimiento

La Fiscalía contra la Corrupción coordinó la aprehensión de cinco agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) a partir de una denuncia presentada por dos hombres. Según el Ministerio Público, el hecho que originó el caso ocurrió el 19 de noviembre de 2025, cuando los denunciantes estaban detenidos en un semáforo frente a una gasolinera en la zona 6 de la capital.
De acuerdo con la versión oficial citada por Prensa Libre, dos agentes identificados como Wilfrido A. y Alex L. habrían solicitado Q2,500 a cambio de no consignar el vehículo en el que se conducían y de no remitir a uno de los denunciantes, a quien señalaban de conducir bajo efectos del alcohol.
El MP añadió que, durante la intervención, se pidió apoyo a otra autopatrulla en la que se movilizaban Kleyder G., Dimas D. y Rabby O. En ese contexto, uno de los denunciantes habría sido trasladado engrilletado a la subestación de la zona 6.
Qué se investiga y por qué el caso pone el foco en controles internos
El Ministerio Público atribuye a los cinco agentes los delitos de cohecho pasivo y, en tres de los casos, también comisión por omisión. Según el detalle difundido, la imputación quedó así:
- Wilfrido A. y Alex L.: cohecho pasivo
- Kleyder G., Dimas D. y Rabby O.: cohecho pasivo y comisión por omisión
Uno de los elementos que el MP resaltó es que la actuación del traslado engrilletado no habría quedado consignada en la papeleta de servicio correspondiente.
En la reconstrucción divulgada, el MP también señaló que, tras “negociaciones” con los agentes, uno de los denunciantes retiró Q1,500 en un cajero automático y, al regresar a la subestación, se le habría indicado dejar el dinero en la parte posterior de la patrulla para que luego fuera recogido.
El caso ahora entra a la fase clave: la discusión judicial de los indicios, las medidas y el rumbo del proceso. La pregunta de fondo, más allá de este expediente, es si los mecanismos de supervisión y registro realmente alcanzan para cerrar espacios a abusos dentro de la institución.
¿Este tipo de capturas fortalece la confianza porque muestra sanción interna, o la debilita porque confirma que el problema también está dentro de quienes deben hacer cumplir la ley?
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