Presupuesto 2026: el Ejecutivo prepara una ampliación para cubrir la brecha tras la suspensión

Qué cambió al iniciar 2026 y con qué monto opera el Estado

La suspensión provisional del Decreto 27-2025 por la Corte de Constitucionalidad dejó sin aplicación temporal el Presupuesto 2026. En consecuencia, el Gobierno inició el año ejecutando el presupuesto vigente al cierre de 2025, por Q154,836.6 millones, mientras se resuelve el fondo del caso.

El Presupuesto 2026 aprobado por el Congreso ascendía a Q163,469.3 millones, pero quedó en pausa por la decisión de la CC.

La brecha que Finanzas quiere recuperar y el camino legal elegido

El Ministerio de Finanzas Públicas anunció que presentará al Congreso una iniciativa de ley de ampliación para “financiar el presupuesto” y acercar el techo de gasto a lo aprobado para 2026.

Según declaraciones citadas por Emisoras Unidas, la brecha entre el presupuesto vigente y el suspendido ronda los Q8,632 millones (tanto en ingresos como en egresos), y ese faltante es el que el Ejecutivo busca cubrir mediante la ampliación.

Qué áreas quedan bajo presión mientras no haya nueva aprobación

Finanzas ha indicado que, con el marco actual, se prioriza el funcionamiento básico del Estado, pero el impacto se concentra en inversión y en asignaciones que estaban previstas para 2026. Medios y comunicados oficiales han señalado riesgos y “desfinanciamientos” en:

• Proyectos de infraestructura y servicios como puestos de salud y escuelas

• Obras vinculadas a puertos y aeropuertos

• Entidades de reciente creación que no tienen espacio presupuestario con el plan vigente, como la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP) y la Superintendencia de Competencia

Mientras se tramita la ampliación, el tema vuelve inevitablemente político: la urgencia de recursos compite con el costo de aprobar más gasto en un Congreso donde el presupuesto ya venía bajo disputa.

¿El Congreso debería aprobar con rapidez una ampliación para evitar frenos en inversión y servicios, o primero exigir ajustes y controles más estrictos para que el aumento de recursos tenga condiciones claras de ejecución y fiscalización?