Orden de captura contra exjefe de la SAT: Marco Livio Díaz investigado por lavado de dinero

El Ministerio Público confirmó este miércoles que existe una orden de captura vigente contra Marco Livio Díaz Reyes, quien se desempeñó como superintendente de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) durante el gobierno de Alejandro Giammattei y que actualmente ocupa el cargo de embajador de Guatemala en Honduras.

La investigación, que permanece bajo reserva judicial, es liderada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), a cargo del fiscal Rafael Curruchiche. Los delitos que se le atribuyen al exfuncionario son lavado de dinero y peculado por sustracción.

¿Qué se sabe del caso contra el exjefe de la SAT?

Según información de fuentes cercanas a la investigación, el caso estaría vinculado a un convenio de capacitación firmado por la SAT durante la gestión de Díaz Reyes. Aunque el Ministerio Público no ha revelado detalles específicos por la reserva del proceso, versiones extraoficiales señalan que el convenio habría servido como mecanismo para desviar fondos públicos.

La FECI, encargada de perseguir casos de alto impacto y corrupción sistémica, ya habría intentado materializar la orden de captura mediante allanamientos coordinados en distintos puntos del país. Sin embargo, los operativos no lograron localizar al exfuncionario, quien se encuentra fuera de territorio guatemalteco por su condición diplomática.

La complicación diplomática: embajador en Honduras

Uno de los obstáculos más complejos para la justicia guatemalteca es la inmunidad diplomática que posee Díaz Reyes como embajador acreditado ante el gobierno de Honduras. Esta condición dificulta tanto su detención como cualquier intento de extradición, a menos que el Ministerio de Relaciones Exteriores decida retirarle el status diplomático o que el país anfitrión autorice su entrega.

La situación revive el debate sobre el uso de cargos diplomáticos como escudo legal para funcionarios con investigaciones pendientes, una práctica que ha sido denunciada reiteradamente por organizaciones anticorrupción y la sociedad civil guatemalteca.

El contexto: una SAT bajo la lupa

La Superintendencia de Administración Tributaria ha sido, en los últimos años, una de las instituciones más cuestionadas del Estado guatemalteco. Durante la administración de Giammattei, la entidad fue señalada por irregularidades en contratos, asignaciones directas y manejo opaco de recursos destinados supuestamente a modernización tributaria y capacitación del personal.

El caso de Marco Livio Díaz se suma a una lista de exfuncionarios del período 2020-2024 que enfrentan procesos judiciales por presuntos actos de corrupción, lo que evidencia un patrón de captura institucional que la FECI intenta desmantelar caso por caso.

¿Qué sigue en la investigación?

Por ahora, el Ministerio Público mantiene hermetismo sobre los avances del caso. La reserva judicial impide conocer el monto presuntamente desviado, las empresas involucradas o si existen más funcionarios implicados en la red.

Sin embargo, la existencia de una orden de captura vigente implica que, en caso de que Díaz Reyes regrese a Guatemala o pierda su inmunidad diplomática, las autoridades podrían ejecutarla de inmediato. La presión interna e internacional será clave para determinar si este caso avanza hacia un juicio o queda en la impunidad.

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