Neto Bran impugna reparto del aporte extraordinario del Presupuesto 2026

Alcalde de Mixco cuestiona asignación de recursos y acude a la Corte de Constitucionalidad

El alcalde de Mixco, Neto Bran, anunció la presentación de una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad contra el artículo 163 del Decreto 27-2025, que regula un aporte extraordinario de Q6,312.1 millones para municipalidades. La inconformidad surge por la forma en que se distribuyeron esos fondos y por el monto asignado a Mixco, que, según el jefe edil, resulta desproporcionado frente a otros municipios.

De acuerdo con lo expuesto por la comuna, Mixco recibiría alrededor de Q500 mil, mientras que otros gobiernos locales alcanzarían cifras que superarían los Q60 millones. Esta diferencia es presentada como ejemplo de un reparto que, a criterio del alcalde, no guarda relación con el tamaño poblacional, la demanda de servicios ni la carga de infraestructura del municipio.

Señalamientos de inequidad y posible uso político del presupuesto

En el amparo se argumenta que la distribución del aporte podría vulnerar principios de igualdad, defensa, debido proceso y equidad en el gasto público. La municipalidad de Mixco sostiene que la asignación no responde a criterios técnicos claros y abre la puerta a interpretaciones sobre eventuales incentivos o castigos según alineamientos políticos.

El planteamiento insiste en la necesidad de revisar la metodología utilizada para definir montos, transparentar los criterios de selección y asegurar que las decisiones de carácter presupuestario se orienten a necesidades objetivas de la población y no a acuerdos coyunturales. La discusión incluye la advertencia de que, sin reglas claras y visibles, se debilita la confianza ciudadana en la forma en que se administran los recursos nacionales.

Llamado a mayor escrutinio público y responsabilidad compartida

El caso también pone bajo observación el papel de distintos actores en el debate presupuestario. Desde la perspectiva planteada por el alcalde, no solo las municipalidades deberían pronunciarse sobre la asignación de fondos, sino también cámaras empresariales, organizaciones sociales y vecinos, con el fin de exigir explicaciones sobre cómo se decide quién recibe más, quién recibe menos y bajo qué fundamentos.

Más allá de las declaraciones fuertes y de la vía legal elegida, el tema vuelve a colocar en el centro la pregunta sobre la equidad en el reparto de recursos y la capacidad del sistema para corregir posibles distorsiones cuando ya se ha aprobado un presupuesto de alto impacto para las finanzas locales.

¿Considera la ciudadanía que acciones como este amparo pueden contribuir a transparentar y equilibrar la distribución de los recursos entre municipalidades, o percibe que la discusión seguirá dominada por intereses políticos más que por criterios técnicos y de necesidad real?