
Miguel Martínez rompe el silencio: enfrenta siete investigaciones y denuncia persecución política
Inmovilización de bienes por más de Q10 millones reaviva tensiones con el MP
Miguel Martínez, exdirector del desaparecido Centro de Gobierno y figura clave en el círculo cercano del expresidente Alejandro Giammattei, reapareció públicamente tras conocerse la inmovilización de varias propiedades que, según la Fiscalía de Extinción de Dominio, estarían vinculadas a él. El exfuncionario asegura ser víctima de una campaña de persecución política y mediática.
Siete investigaciones abiertas desde 2019
Martínez confirmó que enfrenta siete procesos penales abiertos por el Ministerio Público, aunque afirma que nunca ha sido citado ni escuchado por un juez. Detalló que el primer expediente se abrió en 2019, cuando aún no ocupaba ningún cargo público.
Señaló que no ha tenido oportunidad de ejercer su defensa y que los señalamientos carecen de fundamentos. En sus palabras, se trata de un intento sistemático por desacreditarlo y usarlo como símbolo político.
Seis propiedades bajo sospecha
El MP informó que seis de ocho inmuebles fueron inmovilizados por posibles vínculos con actividades ilícitas. Las propiedades están ubicadas en zonas exclusivas y habrían sido adquiridas entre 2020 y 2024, en el periodo de mayor influencia política de Martínez.
Aunque oficialmente no se le atribuyen las propiedades, fuentes del caso aseguran que se investigan posibles compras a través de intermediarios, allegados o prestanombres, lo que podría constituir un intento de ocultar patrimonio.
Entre los delitos que podrían imputarse si se confirman las sospechas están lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita.
Martínez: “Me tratan como un criminal sin derecho a defensa”
El exfuncionario rechazó tener vínculo con los bienes inmovilizados y aseguró que el proceso responde a intereses políticos.
“Me están tratando como si fuera un criminal sin haber tenido derecho a defenderme. Todo esto es mediático. Si fuera amigo del MP, este caso ya estaría cerrado”, declaró.
También acusó al Ministerio Público de actuar por motivaciones políticas y sostuvo que se está utilizando su nombre como cortina de humo.
Avances del caso y contexto político
Según información reciente:
- El MP continúa recopilando documentos financieros, escrituras, movimientos bancarios y declaraciones de bienes.
- Se investigan registros de propiedades a nombre de terceros como posible ocultamiento de activos.
- El caso se desarrolla en un ambiente de alta tensión entre el MP, el gobierno de Bernardo Arévalo y la comunidad internacional.
- Estados Unidos ratificó que Martínez permanecerá en la lista de sancionados por la OFAC, lo que refuerza el componente internacional del caso.
Relación con el partido Vamos y el gobierno anterior
Martínez negó tener vínculos actuales con el partido Vamos y aseguró que no ocupa ni buscará ningún cargo público.
Durante el gobierno de Giammattei, fue una de las figuras más influyentes y señaladas como operador clave en decisiones estratégicas del Ejecutivo.
Actualmente, asegura estar alejado de la política y afirma que es blanco de una persecución dirigida a exfuncionarios del pasado gobierno.
Reacciones y repercusiones políticas
Las declaraciones de Martínez provocaron reacciones inmediatas. Sectores de oposición consideran que busca limpiar su imagen frente a un proceso judicial que podría escalar. Analistas sostienen que el caso se ha vuelto un símbolo del debate sobre impunidad y corrupción en Guatemala.
Si la Fiscalía logra establecer vínculos entre los inmuebles y fondos públicos, podría abrirse una de las investigaciones más relevantes de la era Giammattei.
Lo que viene: posibles escenarios
El Ministerio Público deberá ahora:
- sustentar el origen ilícito de los bienes,
- demostrar conexión directa con Martínez,
- definir si se presentan cargos penales formales.
De avanzar el proceso, los delitos podrían incluir:
- lavado de dinero
- enriquecimiento ilícito
- abuso de autoridad
- asociación ilícita
Por ahora, Miguel Martínez sigue gozando del principio de presunción de inocencia, mientras el caso continúa bajo seguimiento nacional e internacional.
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