Miguel Martínez insiste en “persecución política” mientras siguen vigentes sanciones de EE. UU. y procesos en Guatemala

El frente en Estados Unidos: sanciones y una demanda que busca revertir la designación

Luis Miguel Martínez Morales, exdirector del Centro de Gobierno durante la administración de Alejandro Giammattei, mantiene un pulso legal en Estados Unidos para intentar dejar sin efecto las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo designó en diciembre de 2023 bajo la Orden Ejecutiva 13818, vinculada a sanciones tipo Global Magnitsky.

En la práctica, esa designación implica el bloqueo de bienes e intereses bajo jurisdicción estadounidense y, en general, prohíbe transacciones de personas de EE. UU. con el sancionado. En un expediente judicial en Washington, el Gobierno de EE. UU. pidió al tribunal no alterar las sanciones mientras se resuelve la demanda, argumentando que existe base para mantenerlas y que el tema se mueve en un ámbito sensible para el Ejecutivo.

El frente en Guatemala: extinción de dominio y bienes bajo investigación

En Guatemala, el caso ha estado marcado por diligencias de extinción de dominio relacionadas con inmuebles vinculados al entorno de Martínez. En mayo de 2025, se reportó que la Fiscalía de Extinción de Dominio solicitó medidas sobre ocho propiedades valoradas en más de Q10 millones, y un juzgado ordenó inmovilizar seis.

Posteriormente, una Sala de Apelaciones levantó la inmovilización sobre dos de esos bienes, según reportes de junio de 2025. El proceso, sin embargo, dejó instalado el debate público sobre el origen y la trazabilidad de patrimonios, y sobre qué evidencias terminan sosteniéndose en resoluciones judiciales.

La disputa central: narrativa pública versus evidencia verificable

Martínez ha sostenido en sus declaraciones que enfrenta una “persecución política” y ha buscado desligarse de los bienes cuestionados, apuntando a explicaciones como contratos de arrendamiento. En un contexto donde coinciden sanciones internacionales y procesos locales, el punto decisivo suele ser el mismo: documentos, peritajes y resoluciones que permitan contrastar versiones con hechos comprobables.

¿Este tipo de casos se aclara antes con máxima publicidad de pruebas y audiencias, o inevitablemente termina atrapado en una batalla de relatos?