Jueces advierten que criterio de la CC desvaloriza la carrera judicial

Un grupo de doce jueces guatemaltecos emitió un comunicado conjunto en el que cuestionan el criterio aplicado por la Corte de Constitucionalidad (CC) durante el proceso de elección del Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público. Los magistrados advierten que la decisión de la CC desvaloriza la carrera judicial y podría generar consecuencias institucionales de largo alcance para todo el gremio.

¿Qué criterio de la CC cuestionan los jueces?

El punto central de la controversia radica en la interpretación de la CC respecto al cómputo de la experiencia profesional jurídica de los aspirantes al cargo de fiscal. Según el criterio sostenido por la máxima Corte en el expediente 1926-2026, el tiempo servido en la judicatura no se contabiliza de la misma manera que otros ejercicios profesionales del derecho.

Los jueces señalan que esta interpretación produjo una reducción en la valoración de experiencia de los aspirantes provenientes de la carrera judicial, generando una preocupación institucional que trasciende el caso concreto y puede impactar a todos los jueces y juezas del país en futuros procesos de postulación.

La inconsistencia señalada por los magistrados

Los doce firmantes del comunicado argumentan que al fiscal electo se le reconoció el tiempo ejercido como magistrado de sala, pero se excluyó el correspondiente a su desempeño como juez de primera instancia y juez de paz. Según los jueces, no existe diferencia sustancial entre dichas funciones que justifique un tratamiento distinto, pues todas constituyen ejercicio de jurisdicción por mandato constitucional.

«Cuando un criterio carece de coherencia técnica y produce efectos diferenciados sin fundamento normativo claro, genera preocupación legítima sobre su aplicación futura», señalan en el documento.

¿Por qué la carrera judicial se siente desprotegida?

Los jueces explican que la prohibición de ejercer simultáneamente la abogacía y el notariado de forma liberal fue concebida como una garantía institucional de la función jurisdiccional, no como un mecanismo para restar valor a la experiencia profesional adquirida en la judicatura.

Según el comunicado, mientras permanezca vigente este criterio, cualquier juez o jueza que aspire legítimamente a un cargo público podría enfrentar el desconocimiento parcial o total de sus años de servicio judicial como experiencia profesional jurídica. Además, al tratarse de un criterio aplicado de manera diferenciada según el cargo jurisdiccional ejercido, se genera incertidumbre sobre sus alcances en futuros procesos de selección.

El principio de mérito en riesgo

Los magistrados enfatizan que este criterio debilita el principio constitucional de mérito, establecido en el artículo 113 de la Constitución Política de la República, que señala que el acceso a cargos públicos debe atender a capacidad, idoneidad y honradez.

«La experiencia judicial acredita precisamente esas condiciones, al implicar el ejercicio permanente de funciones técnicas, éticas y constitucionales de alta responsabilidad pública», argumentan los jueces.

Llamado al foro jurídico y a las autoridades

El grupo de doce jueces hace un llamado al foro jurídico, a la academia, a las asociaciones profesionales, a las comisiones de postulación y a las autoridades públicas a discutir con seriedad las consecuencias institucionales de este criterio.

«La judicatura no puede convertirse en una desventaja profesional para quienes han dedicado su vida al servicio de la justicia. Los años de servicio judicial constituyen experiencia jurídica de alta responsabilidad pública y deben ser reconocidos como tales, sin distinciones artificiales entre rangos jurisdiccionales», se lee en el comunicado.

Jueces cuestionan criterio de la CC en elección de Fiscal General y advierten consecuencias institucionales para la carrera judicial.

— @RadioTGWTV 10 de mayo de 2026

¿Qué podría pasar si el criterio no se revisa?

Los jueces advierten que este criterio coloca a la carrera judicial en una posición de desventaja frente a otras trayectorias profesionales jurídicas. Si permanece vigente, podría afectar no solo futuras elecciones de fiscal, sino también otros procesos de selección de cargos públicos donde la experiencia judicial deba ser valorada.

El comunicado concluye con una petición explícita: que el criterio sea discutido, revisado y replanteado en defensa de la carrera judicial, del mérito público y del Estado de Derecho en Guatemala.