El equipo jurídico que encontró el hueco legal para tumbar a Mazariegos
La Universidad de San Carlos de Guatemala vive una de sus crisis institucionales más agudas en décadas. En medio del cierre del campus, la suspensión de clases presenciales y una veintena de amparos constitucionales en trámite, un equipo jurídico del movimiento USAC Dignidad y Rescate (USAC-DIRE) ha logrado identificar los vicios legales que podrían echar abajo la reelección de Walter Mazariegos como rector.
Solo 15 de 34 cuerpos electorales: el quórum que no debió existir
El pasado 8 de abril, en el Hotel Museo Casa Santo Domingo de Antigua Guatemala, el equipo de Mazariegos se autoproclamó reelecto con un quórum que, según el equipo jurídico de USAC-DIRE, carece de validez legal. La razón es simple y contundente: solo 15 de los 34 cuerpos electorales participaron en la sesión decisiva.
El artículo 65 del Reglamento de Elecciones de la USAC establece de manera explícita que todos los cuerpos electorales deben estar aprobados antes de que se celebre la sesión de elección de rector. Esto significa que los 10 cuerpos de estudiantes, 10 de docentes y 14 de colegios profesionales deben contar con validación previa para que el proceso tenga efectos jurídicos.
Sin embargo, el Consejo Superior Universitario (CSU) anuló elecciones de varios cuerpos pero nunca convocó a nuevas sesiones para reponerlos. El resultado fue una elección celebrada con menos de la mitad de la representación requerida por el reglamento, un vicio que el equipo jurídico considera de inmediatez y gravedad institucional.
Edwin Orozco: "Es una situación absurda que compromete la validez del proceso"
Edwin Orozco, abogado integrante del equipo jurídico de USAC-DIRE, ha sido uno de los voceros más contundentes en la denuncia de estas irregularidades. Según sus declaraciones, el artículo 65 no es una mera formalidad burocrática, sino una garantía de representatividad que asegura que todos los sectores de la comunidad universitaria tengan voz en la elección de máxima autoridad.
"Este artículo 65 establece que las entidades deben mandar los resultados a la secretaría general para que lo eleve al CSU a fin de aprobarlo o anularlo. Bajo esta premisa, no podemos ir a la reunión de cuerpos electorales si no están aprobados los 34 cuerpos electorales."
— Edwin Orozco, abogado del equipo jurídico de USAC-DIRE
Para Orozco, la celebración de la elección del 8 de abril con un quórum fragmentado constituye una situación absurda que pone en entredicho no solo el resultado, sino la legitimidad misma del proceso. La ausencia de 19 cuerpos electorales no es un detalle menor: representa la exclusión de facultades, escuelas y colegios profesionales que debieron participar.
Rodolfo Chang: autoritarismo y exclusión como "gran pecado" universitario
El candidato a rector por USAC-DIRE, Rodolfo Chang, ha elevado la denuncia más allá de los tecnicismos legales. Para Chang, la gestión de Mazariegos no solo incumple normas electorales, sino que promueve un modelo de autoritarismo y exclusión que contradice el propio sentido de la universidad pública.
Chang ha calificado este estilo de gobierno como un "gran pecado en la formación de guatemaltecos", argumentando que la USAC no puede formar profesionales comprometidos con la democracia si su propia casa de estudios funciona bajo lógicas de control autoritario y marginación de disidentes.
La postura de Chang resuena en un contexto donde el CSU ha mantenido el campus central cerrado, impidiendo el acceso de estudiantes y docentes a laboratorios, bibliotecas y espacios de investigación. Esta medida, que el equipo jurídico atribuye a una estrategia de control institucional, ha afectado directamente la docencia y la producción académica.
La única vía legal: amparo constitucional tras cierre de impugnación
El equipo jurídico de USAC-DIRE ha tenido que navegar un escenario adverso. El CSU eliminó el recurso de impugnación administrativa, cerrando la puerta a la revisión interna de las decisiones electorales. Esta maniobra obligó a la oposición a buscar respuestas en la justicia constitucional.
La única vía legal disponible es el amparo constitucional, un mecanismo que ya ha rendido resultados concretos. Los Juzgados Décimo Primero y Décimo Quinto de Primera Instancia Civil otorgaron amparos provisionales los días 4 y 5 de mayo que suspenden la elección del 8 de abril y su validación por el CSU del 17 de abril.
Estos amparos fueron interpuestos contra la Comisión Electoral que declaró ganador a Mazariegos, integrada por Santos de Jesús Dávila Aguilar, decano de Humanidades; Brandon Oswaldo Samayoa, representante estudiantil; y Wendy López Dubón, representante profesional. La comisión, según los alegatos, no verificó los requisitos legales y administrativos del candidato reelecto, quien postuló sin el finiquito de la Contraloría General de Cuentas.
Respuestas pacíficas y democráticas: el llamado de USAC-DIRE
A pesar de la gravedad de los vicios denunciados, el movimiento USAC-DIRE ha insistido en que la salida a la crisis debe ser pacífica y democrática. El equipo jurídico y sus simpatizantes impulsan respuestas dentro del marco legal, confiando en que los tribunales revertirán una situación que consideran ilegítima.
Esta apuesta por la vía institucional contrasta con la tensión creciente en el campus. El cierre de las instalaciones, la anulación de 16 elecciones de cuerpos electorales y la exclusión de colegios profesionales como el de Arquitectos y el de Farmacéuticos han generado un clima de confrontación que podría escalarse si no se encuentra una solución jurídica pronta.
El campus cerrado: el costo humano de una elección cuestionada
Mientras la batalla legal avanza en los tribunales, la realidad cotidiana de la USAC es desoladora. El Consejo Superior Universitario mantiene cerrado el campus central, una medida que el equipo jurídico de USAC-DIRE considera autoritaria y que afecta a miles de estudiantes que no pueden acceder a espacios esenciales para su formación.
La restricción no es solo un problema logístico. Es un síntoma de una universidad que ha perdido su rumbo democrático, donde la máxima casa de estudios del país funciona con autoridades cuestionadas, padrones inconsistentes y un rector cuya reelección depende ahora de lo que resuelvan los jueces.
Lo que viene: una semana decisiva para la USAC
Se espera que en los próximos días las Salas y juzgados emitan resoluciones sobre los amparos pendientes. Si la tendencia de los dos amparos ya otorgados se mantiene, la elección del 8 de abril quedaría anulada y el CSU debería convocar a un nuevo proceso electoral con garantías reales para los 34 cuerpos electorales.
El equipo jurídico de USAC-DIRE ha demostrado que los vicios del proceso no son opiniones políticas, sino incumplimientos normativos verificables. El artículo 65, el quórum insuficiente, la eliminación del recurso de impugnación y el cierre del campus conforman un panorama que los tribunales no pueden ignorar.
La USAC está en una encrucijada. La decisión de los juzgados no solo definirá quién ocupa la rectoría los próximos cuatro años, sino si la autonomía universitaria sigue siendo un pilar de la democracia guatemalteca o se convierte en un espejismo.
El equipo jurídico de USAC DIRE reitera las irregularidades en la reelección del rector y confía en las autoridades para revertir el proceso.
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