El polémico legado de Consuelo Porras: ocho años de persecución política que terminan en mayo

La saliente fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, dejará el cargo el próximo 17 de mayo, cerrando una etapa de ocho años marcada por denuncias de persecución judicial, sanciones internacionales y el exilio de más de un centenar de guatemaltecos que huyeron del país para escapar de procesos legales que consideran espurios.

Durante su gestión, organismos internacionales señalaron que el Ministerio Público se convirtió en un aparato de retaliación contra quienes impulsaban investigaciones sobre corrupción estatal y crimen organizado. Jueces, fiscales, periodistas y líderes indígenas fueron blanco de procesos que, según diversas organizaciones, respondían a motivaciones políticas más que a evidencia jurídica.

Así fue la era de Consuelo Porras: ocho años de persecución política y judicial en Guatemala

Cuando Porras asumió la Fiscalía en 2018, Guatemala aún conservaba parte del impulso reformista que dejó la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig). Durante esos años, fiscales locales habían logrado destapar algunas de las tramas de corrupción más profundas del país, con el apoyo de ese organismo independiente de la ONU.

Uno de esos casos involucraba al entonces presidente Alejandro Giammattei. El fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval había abierto una investigación en 2021 sobre un presunto soborno millonario envuelto en una alfombra, supuestamente entregado por empresarios rusos y kazajos para mantener operaciones mineras en el territorio nacional.

La investigación enemistó a Sandoval con Porras, quien lo destituyó del cargo y archivó el expediente. A partir de ese momento, una ola de destituciones, exilios y detenciones marcaría los años siguientes.

El caso de Juan Francisco Sandoval: la destitución que desató una ola de denuncias internacionales

El exfiscal anticorrupción lleva cerca de cinco años en el exilio, junto con un centenar de guatemaltecos que fueron víctimas de un patrón de persecución. Muchos de ellos ya podrían regresar, pero prefieren esperar a ver qué rumbo toman los casos que aún pesan sobre ellos.

Sandoval señala que la fiscal general no solo desmanteló estructuras anticorrupción, sino que utilizó el cargo como blindaje político y judicial. Asegura que la magnitud de los abusos cometidos durante la administración de Porras amerita que enfrente responsabilidad penal, incluso por crímenes que podrían estar comprendidos en preceptos de lesa humanidad.

Porras, por su parte, ha defendido la legalidad de su gestión. Ha insistido en que actúa conforme a la Constitución y las leyes guatemaltecas, y que el Ministerio Público es independiente. Respecto a las sanciones en su contra, las ha calificado como "ataques sistemáticos" que buscan intimidar a funcionarios del ente persecutor.

Los presos políticos y el paro nacional que cambió la historia del país

Entre quienes enfrentaron procesos judiciales se encuentra el periodista José Rubén Zamora, quien permaneció recluido durante 1.295 días, cerca de tres años y medio. Aunque ahora se encuentra bajo arresto domiciliario, sigue imputado por delitos que la comunidad internacional considera espurios.

También fueron detenidos los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, funcionarios del actual Gobierno de Bernardo Arévalo, acusados por haber liderado el paro nacional de 2023. Durante tres semanas, ciudadanos de todo el país exigieron la renuncia de la fiscal, bloqueando carreteras y paralizando actividades en rechazo a las acciones del Ministerio Público para evitar la asunción presidencial.

El masivo respaldo popular y la presión internacional fueron determinantes para que los intentos de obstrucción no prosperaran.

¿Dónde buscará refugio Consuelo Porras? Los viajes de su círculo cercano generan especulaciones

En la recta final de su mandato, la fiscal de 72 años intentó con intensidad asegurar un cargo con inmunidad. Primero aspiró a magistrada de la Corte de Constitucionalidad, pero fue descartada. Luego presentó su expediente ante la Corte Suprema de Justicia para integrar la magistratura del máximo tribunal, tampoco obtuvo eco.

Habiendo sido desestimada en ambas instancias, decidió buscar la reelección para un tercer mandato como fiscal general. Aunque obtuvo la calificación más alta en la evaluación técnica con 92.33 puntos sobre 100, la Comisión de Postulación la dejó fuera de la lista final de seis aspirantes.

Sin opciones para blindarse en un cargo de inmunidad, fuentes cercanas señalan que la fiscal y su red de colaboradores miran hacia el exterior. Se reportan movimientos de su círculo cercano con viajes a Panamá, México e incluso Belice, lo que ha generado especulaciones sobre una posible solicitud de refugio.

La sucesión en la Fiscalía: cinco de seis candidatos tienen vínculos con el crimen organizado

El verdadero pulso político no está solo en la salida de Porras, sino en la batalla por su herencia. El sistema de elección del fiscal general ha sido cuestionado por diversos sectores, que señalan que la Comisión de Postulación fue politizada por grupos de poder.

Expertos advierten que cinco de los seis candidatos que integran la lista final presentan antecedentes cuestionables. Se les vincula con actores señalados en investigaciones de gran corrupción, casos que denotan impunidad, e incluso intentos de vulnerar el Estado de derecho durante las elecciones generales.

Los nombres en la nómina final son Néstor Guidebaldo de León, César Augusto Ávila, Beyla Adaly Estrada, Julio César Rivera Clavería y Carlos Alberto García Alvarado. Según analistas, sus perfiles evidencian una estrategia para enviar una lista donde al presidente no le quedara mayor margen para tomar una decisión acorde al momento histórico que vive el país.

Solo uno de los aspirantes, Gabriel Estuardo García Luna, es considerado por diversos sectores como la opción más viable para iniciar un desmontaje de la maquinaria de persecución judicial.

El dilema del presidente Arévalo: elegir entre candidatos cuestionados o arriesgar la independencia del MP

El presidente Bernardo Arévalo enfrenta una de las decisiones más delicadas desde que llegó al poder. La persona que designe no solo administrará una Fiscalía golpeada en su credibilidad, sino que definirá si Guatemala inicia una nueva etapa de desmontaje de la persecución judicial o si el sistema actual logra reciclarse bajo un nuevo rostro.

Si bien el 17 de mayo marcará la salida de la figura más visible de la ofensiva judicial, para decenas de fiscales, jueces, periodistas y líderes indígenas que han pasado años entre tribunales, clandestinidad o exilio, la pregunta de fondo sigue intacta: no quién abandona el despacho, sino quién seguirá moviendo los hilos de la justicia guatemalteca.