Director de la PNC pide reformas más duras y reabre el debate sobre un modelo tipo El Salvador

El director general de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, ha insistido en que Guatemala necesita un marco legal y penitenciario más rígido para golpear a las estructuras criminales, en particular a las pandillas. Sus declaraciones y la reciente aprobación de una normativa antipandillas han reactivado una discusión que suele dividir al país: endurecer reglas y cárceles para recuperar control, o priorizar reformas con contrapesos estrictos para evitar abusos.

El eje inmediato: Decreto 11-2025 y el giro hacia máxima seguridad

En el Congreso, Custodio Boteo defendió el Decreto 11-2025 como una herramienta clave para fortalecer la acción policial y judicial contra pandillas. En esa exposición resaltó dos pilares: limitar el acceso a medidas sustitutivas y restringir beneficios vinculados a la aceptación de cargos para integrantes de maras, con el objetivo de evitar salidas anticipadas y asegurar el cumplimiento de penas.

El texto del decreto plantea un marco jurídico para identificar y tratar a las maras o pandillas y, además, ordena la creación de centros de privación de libertad de máxima seguridad para estos grupos, junto con reformas y coordinación interinstitucional. También declara expresamente a Barrio 18 y Mara Salvatrucha, y contempla mecanismos para futuras designaciones.

El punto sensible: cárceles, control interno y quién manda adentro

En entrevistas posteriores, el director de la PNC colocó el foco en el control real dentro de las prisiones: limitar comunicaciones y cortar vínculos con el exterior para impedir que líderes sigan operando desde prisión.

Además, sostuvo que el problema central no es solo la infraestructura, sino el personal del Sistema Penitenciario, y planteó una “reingeniería” institucional. Incluso sugirió evaluar experiencias regionales donde fuerzas armadas asumen el control de centros de máxima seguridad como vía para marcar diferencia operativa.

En paralelo, el propio Decreto 11-2025 incorpora disposiciones transitorias para ampliar capacidades del sistema: prevé medidas para ampliar competencia de jueces de mayor riesgo en delitos vinculados a estas organizaciones y fija plazos para adecuar infraestructura especializada en centros de máxima seguridad.

Por qué El Salvador entra en la conversación y qué objeciones arrastra

El “modelo El Salvador” aparece por una razón concreta: una reducción drástica de homicidios reportada oficialmente. AP consignó que el país cerró 2024 con 114 homicidios y una tasa reportada de 1.9 por cada 100 mil habitantes, en el marco de un régimen de excepción que amplió poderes de seguridad.

Pero ese mismo paquete ha sido cuestionado por el costo institucional: detenciones masivas, debilitamiento de garantías y reportes de muertes bajo custodia, además de debates sobre transparencia y metodología de conteo. Un informe del gobierno británico recoge que El Salvador no sigue estándares regionales de medición y que analistas han señalado subregistros por cambios en criterios y acceso a datos; también describe el recorte de derechos bajo el estado de excepción.

Qué se juega Guatemala con este enfoque

El endurecimiento penal y penitenciario suele medirse por resultados verificables, no por anuncios. En Guatemala, el desafío es doble: reducir extorsiones y violencia asociada a pandillas, y hacerlo con controles que eviten discrecionalidad y corrupción dentro del propio sistema.

• metas públicas y auditables: extorsiones denunciadas, homicidios, control de telefonía en cárceles, reincidencia

• reglas claras de supervisión penitenciaria y trazabilidad de decisiones para reducir privilegios y redes internas

• coordinación real entre PNC, MP, OJ y Sistema Penitenciario para que la ley no se quede en papel

La pregunta de fondo es política y práctica: ¿Guatemala debe apostar por un endurecimiento acelerado que priorice el control inmediato, o por una reforma más gradual con contrapesos fuertes para evitar que la “mano firme” termine ampliando abusos e impunidad?